Inversión minera y evaluación ambiental

Por Daniel Weinstein,
abogado

Recientemente reingresó a la Contraloría el proyecto de Decreto Supremo 17/2025, que modifica el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Si bien está lejos de resolver por sí solo los problemas estructurales de nuestro sistema de evaluación ambiental, es un avance en el sentido correcto. En efecto, se alinean las tipologías y umbrales de ingreso al SEIA con una visión más moderna y con la experiencia en la aplicación de las tipologías existentes, de modo que el sistema se active sólo cuando existan impactos ambientales significativos que requieren evaluación.

El principio rector de esta modificación es evitar que el SEIA dedique recursos escasos a evaluar proyectos que, por su magnitud o características, no generan impactos ambientales significativos ni requieren una evaluación adicional para resguardar el medio ambiente. Para un sector como el minero, donde los plazos de tramitación de los proyectos se traducen en aumentos significativos de capital, la eficiencia del evaluador es crítica. La reforma se hace cargo de esto al reconocer el surgimiento de nuevas normativas sectoriales y mejores tecnologías que hacen obsoletos ciertos controles previos.

Aunque parte del debate público se ha concentrado en ajustes aplicables a otras industrias, la minería también se ve directamente afectada.

Primero, la infraestructura eléctrica -base de cualquier operación minera- tendría un tratamiento más coherente con riesgos reales. Se propone que líneas de transmisión de alto voltaje ingresen al SEIA sólo cuando su longitud supere los 2 kilómetros. Esto permitirá ejecutar mejoras de menor escala sin activar evaluaciones ambientales que nada aportan a la protección del medioambiente.

Segundo, los umbrales para el almacenamiento de sustancias peligrosas se actualizarían para reflejar estándares técnicos actuales. En minería, donde existen normativas específicas muy detalladas para reactivos, combustibles y explosivos, esta adecuación evita que el SEIA destine recursos a instalaciones de bajo riesgo que ya cuentan con controles sectoriales suficientes.

En un escenario global donde otros países están acelerando reformas para atraer capital minero, Chile no puede darse el lujo de mantener un sistema que focaliza tiempo y recursos en lo trivial. El SEIA debe concentrar su actuación en proyectos que generen impactos ambientales relevantes y en los que se requiera realmente su intervención, y no en procedimientos que sólo prolongan los plazos de tramitación ambiental sin agregar valor alguno.

Si Chile quiere transformar su cartera minera en inversión efectiva y mantener su liderazgo en la transición energética global, este tipo de modernizaciones no sólo son oportunas: son indispensables.