La salud vs. vacíos presupuestarios

El cierre temporal del Sapu 18 de Septiembre -que se extendería durante enero y febrero por falta de recursos- vuelve a poner en evidencia una fragilidad estructural del sistema de atención primaria en Punta Arenas: la dependencia de financiamientos inestables, la rigidez normativa que limita la gestión local y, sobre todo, la ausencia de información oportuna hacia la comunidad, que terminó enterándose por la prensa antes que por las autoridades responsables.

Más allá de la explicación financiera -un costo mensual de 45 millones de pesos que hoy no puede ser cubierto ni por la Cormupa ni por el Ministerio de Salud- el problema revela algo más profundo. Durante la sesión de la Comisión de Salud del Concejo Municipal, los propios concejales manifestaron su molestia por haberse enterado tardíamente de la medida, la misma situación que afectó a los vecinos y organizaciones del sector. La salud pública no sólo se sostiene con recursos. Se requiere también confianza y ésta se resquebraja cuando las decisiones se comunican tarde, mal o simplemente no se comunican.

Que el cierre sea “transitorio” y que no existan despidos no atenúa el impacto territorial de la medida. El Sapu 18 de Septiembre cumple una función clave para un amplio sector poblacional y, aunque se haya reforzado la atención en otros recintos como el Damiánovic, Mateo Bencur o Carlos Ibáñez, la redistribución de la demanda no siempre se traduce en acceso efectivo ni oportuno. En materia de urgencias, la distancia, los tiempos de traslado y la saturación de otros servicios importan mucho.

También es cierto que existe un marco normativo que limita el uso de excedentes del per cápita, a partir de un dictamen de Contraloría que impide destinarlos a los Sapu. Pero esa restricción, lejos de justificar el cierre, debería haber activado con anticipación gestiones políticas y administrativas de mayor alcance: coordinación temprana con el ministerio, búsqueda de soluciones transitorias, advertencia transparente a la comunidad y al Concejo Municipal.

El episodio deja una doble lección. La primera, que la salud primaria sigue cargando con el peso de financiamientos intermitentes que obligan a suspender servicios esenciales en los meses de mayor actividad estival. La segunda, que la ciudadanía exige -y merece- un estándar más alto de comunicación pública, donde las decisiones que afectan la vida cotidiana no se conozcan por rumores ni titulares, sino por canales formales, claros y oportunos.

Si en marzo el Sapu 18 de Septiembre reabre, como esperan las autoridades, no bastará con restablecer la atención. Será necesario también recuperar la confianza y demostrar que, frente a eventuales crisis futuras, la prioridad será siempre la misma: garantizar continuidad de servicios y actuar con transparencia hacia la comunidad que depende de ellos.