Gobierno regional denuncia a Fide XII por presunta apropiación indebida de $156 millones

– Documentos tributarios duplicados y millones sin devolver llevaron a la administración a judicializar el caso de la fundación dependiente del Obispado de Punta Arenas.

Marcos Sepúlveda Loyla 

Fuentes al interior del gobierno regional comentan que le dieron un sinnúmero de oportunidades a la Fundación para el Desarrollo de Magallanes, popularmente conocida como Fide XII, para realizar una rendición de los montos entregados entre mayo de 2021 y diciembre de 2022. Sin embargo, la institución dependiente del Obispado de Punta Arenas aún no logra rendir $156 millones, lo que obligó, el 5 de diciembre del año recién pasado, a presentar una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de apropiación indebida.

Esta información fue confirmada por el gobernador regional, Jorge Flies, el pasado miércoles: , en un desayuno con los medios de comunicación magallánicos. “Colapsó y tuvo problemas con todo el sistema”, indicó la máxima autoridad regional.

En un oficio al que tuvo acceso El Magallanes, el gobernador Flies detalló al fiscal regional, Cristian Crisosto, que la institución “no ha cumplido con la obligación de restituir los fondos transferidos no ejecutados, no utilizados, observados o rendidos pero rechazados”. En el documento se deja constancia de que se apropiaron “indebidamente de ellos, ya que, existiendo la obligación de restituir, no lo han hecho”.

En la denuncia se apunta a Reinaldo Leiva Oyarzo, exrepresentante legal de Fide XII, a quien se responsabiliza de no restituir $59 millones, mientras que a la actual representante legal, Yolanda Pamela Díaz Chacón, le endosan la responsabilidad de no devolver $96 millones.

Durante el año pasado salió a la luz el desorden administrativo que enfrentaba la fundación, la cual se encuentra bajo el alero del Obispado de Punta Arenas, situación que la obligó a dejar de administrar diversos programas sociales, como el Albergue Protege, la Casa del Samaritano y el Eleam Cristina Calderón. Asimismo, estuvo en riesgo la gestión del Colegio María Auxiliadora de Porvenir.

Proyectos no rendidos

Ochos son los proyectos que aún no han sido rendidos en su totalidad por Fide XII; estos se ejecutaron entre mayo de 2021 y diciembre de 2022.

El 28 de mayo de 2021, el Gore Magallanes, liderado en aquel entonces por Jennifer Rojas, intendenta del segundo gobierno de Sebastián Piñera, entregó $80 millones 671 mil para la iniciativa “Casa del Samaritano de Magallanes en protección del Covid para nuestros adultos mayores”. A más de cuatro años, se han rendido solo $69 millones 592 mil. En la denuncia, la administración Flies exige devolver $27 millones 448 mil, de los cuales $11 millones 78 mil corresponden a montos sin utilizar no reintegrados.

Para la misma iniciativa, ya con Jorge Flies al mando del gobierno regional, se transfirieron, el 6 de octubre de 2021, $72 millones 186 mil, de los cuales demandan la devolución de $5 millones 526 mil.

En diciembre de ese año, Fide XII recibió $9 millones 520 mil para ejecutar un operativo social destinado a migrantes y refugiados. De éstos, aún no se devuelven $7 millones 558 mil.

En tanto, $330 mil aún no han sido devueltos de la iniciativa Voces de Invierno, recursos transferidos el 12 de julio de 2022. Dicho proyecto tuvo un costo de $19 millones 756 mil.

Para contratar servicios profesionales destinados a usuarios Covid y adultos mayores de la Casa del Samaritano, el Gore traspasó $37 millones 652 mil, de los cuales, a cuatro años, aún se desconoce el destino de $18 millones 880 mil. De éstos, $4 millones 960 mil corresponden a fondos sin utilizar ni reintegrados.

Documentos tributarios iguales

En la denuncia se detalla que Yolanda Pamela Díaz Chacón, en septiembre del año pasado, entregó rendiciones en las que se detectó, en dos de ellas, la existencia de ocho documentos tributarios iguales. “Lo que implica utilizar el mismo documento contable para rendir en dos proyectos distintos”, indica la acusación.

Uno de los proyectos implicados es el de apoyo complementario de salud a beneficiarios del sistema público de Magallanes, avaluado en $47 millones 887 mil, del cual se demanda la devolución íntegra de estos recursos.

La otra iniciativa implicada es el programa de prestaciones de salud complementaria para apoyo a las personas que no tienen cobertura de las redes asistenciales de la región, que tuvo un costo de $48 millones 887 mil.