La tiranía de los partidos: el blindaje legal de una clase política desconectada

Resulta profundamente paradójico que, en el mismo Congreso Nacional que debería ser el bastión de la soberanía ciudadana, hoy se intente profundizar lógicas autocráticas y oligárquicas. Bajo el maquillaje del fast track de una reforma al sistema político, las cúpulas partidistas pretenden convencernos de que la solución a la crisis de legitimidad es, precisamente, otorgarles más poder y un control férreo.

La excusa oficial es la “gobernabilidad” y el fin del atomismo parlamentario. Sin embargo, detrás de la retórica técnica se esconde un intento desesperado por asegurar la supervivencia de las estructuras tradicionales, desde el Partido Socialista hasta la UDI. Estas colectividades han demostrado ser incapaces de sintonizar con las demandas reales de la población, en gran medida por haber quedado ancladas en una lógica de transición política que ya no responde a los desafíos del siglo XXI. El país cambió, pero sus dirigencias siguen atrapadas en los códigos de una negociación de hace tres décadas.

El mito del 5%: un muro
contra la diversidad

La implementación de un umbral electoral del 5% no es una medida de eficiencia; es un muro de contención contra lo nuevo. Al establecer barreras de entrada tan elevadas, los partidos tradicionales buscan eliminar de raíz la competencia de movimientos emergentes que, aunque pequeños, representan identidades y realidades territoriales que las grandes estructuras han ignorado por décadas.

No se busca “ordenar” la casa política; se busca clausurar la puerta para que nadie más entre. Esta medida condena a Chile a un duopolio disfrazado de multipartidismo, donde solo aquellos que poseen el financiamiento y la maquinaria histórica pueden sobrevivir, asfixiando cualquier intento de renovación que provenga de la sociedad civil organizada o de liderazgos regionales independientes.

La dictadura de las cúpulas:

el fin del mandato representativo

Uno de los puntos más críticos de esta reforma es el endurecimiento de la disciplina parlamentaria. Al amenazar con la pérdida del escaño a quien no se alinee con las directrices de la directiva central, se secuestra la voluntad del elector. Cuando un ciudadano vota por un representante, lo hace confiando en su juicio, en su compromiso con el territorio y en sus ideas.

Con esta reforma, el parlamentario deja de ser un representante de la gente para convertirse en un empleado de su partido. Si el bienestar de su región choca con el interés estratégico de una oficina central en Santiago, el legislador deberá elegir: o traiciona a sus electores o pierde su cargo. Esto anula el pensamiento crítico y convierte al Congreso en un teatro de sombras, donde las decisiones se toman en salones cerrados y no en el debate público.

El divorcio irreversible
entre la calle y el Congreso

La verdad es tajante: la crisis de representatividad no se resuelve con leyes que protejan a los políticos de su propia irrelevancia. Según estudios de opinión de 2025 y comienzos de 2026, la confianza en los partidos apenas roza el margen de error, en torno al 4%. Es una institución en el suelo. Intentar recuperar la confianza por la vía de la imposición legal, en lugar de realizar el mea culpa pendiente tras años de desconexión, es un insulto a la inteligencia del país.

Mientras los chilenos claman por seguridad, soluciones en salud y pensiones dignas, la energía legislativa se dilapida en diseñar un sistema de blindaje que perpetúa privilegios. Es la política mirándose al espejo, mientras el país exige respuestas urgentes.

Una reforma para
 la casta, no para Chile

Esta reforma no está pensada para el bienestar nacional. Es un pacto de no agresión entre los partidos tradicionales para evitar la competencia y el juicio ciudadano. De aprobarse bajo estos términos, no estaremos fortaleciendo la democracia; estaremos validando una oligarquía partidaria que prefiere la autoprotección antes que volver a escuchar a la gente.

Chile no necesita partidos más fuertes por decreto; necesita partidos más humildes, más conectados y, sobre todo, más expuestos al escrutinio y a la renovación que solo la verdadera competencia democrática puede ofrecer.