Casen 2024: la pobreza que baja y la que se queda

La Encuesta Casen 2024 entrega una noticia que, a primera vista, invita al optimismo: la pobreza en Chile vuelve a disminuir y el país retoma una trayectoria que había sido sostenida durante más de una década, interrumpida abruptamente por la pandemia. En apenas 15 años, la tasa de pobreza se ha reducido a una quinta parte de lo que era en 2009, posicionando a Chile -junto a Uruguay- entre los países con menores niveles de pobreza en América Latina. 

Sin embargo, una lectura responsable de la Casen exige ir más allá del titular y detenerse en las señales que el propio estudio advierte. Por primera vez, la encuesta incorpora el concepto de pobreza severa, definida como aquella situación en que los hogares experimentan simultáneamente pobreza por ingresos y pobreza multidimensional, lo que se traduce en ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica y carencias profundas en dimensiones clave del bienestar, como trabajo, vivienda, seguridad social o redes de apoyo.

En Magallanes, este nuevo indicador revela una realidad inquietante: 2.651 personas viven hoy en pobreza severa. No se trata de una pobreza transitoria ni coyuntural, sino de una condición que se instala, se cronifica y termina marcando trayectorias de vida completas. En una región que suele exhibir mejores promedios que el resto del país, este dato obliga a mirar con mayor atención lo que ocurre bajo la superficie de los buenos indicadores generales.

A nivel nacional, la Casen muestra que la reducción de la pobreza se verifica tanto con la metodología antigua como con la nueva, y tanto en la medición por ingresos como en la pobreza multidimensional. Pero también deja en evidencia un problema estructural, dado por el deterioro de los ingresos laborales de los hogares más pobres. 

Este fenómeno se refleja también en la calidad del empleo. Los hogares más pobres mantienen tasas de participación laboral significativamente más bajas, con niveles de desocupación en aumento y una mayor presencia de empleo por cuenta propia, en desmedro del trabajo asalariado formal. La precariedad laboral se consolida como un rasgo estructural, debilitando la capacidad de los hogares para salir de la pobreza por sus propios medios.

En este escenario, no resulta sorprendente que la reducción de la pobreza por ingresos esté fuertemente explicada por el aumento de los subsidios monetarios. Entre 2017 y 2024, estas transferencias prácticamente se duplicaron y hoy representan cerca del 70% del ingreso total del primer decil. La política social focalizada ha sido clave para contener la pobreza, y los datos así lo confirman. Pero esta misma evidencia abre una pregunta inevitable: ¿Es sostenible una estrategia que descansa crecientemente en transferencias del Estado, sin una recuperación equivalente del empleo y los ingresos laborales?

Para regiones como Magallanes, donde el costo de la vida es más alto y las oportunidades laborales están fuertemente concentradas en determinados sectores, esta pregunta adquiere una urgencia particular. La existencia de pobreza severa en un territorio que exhibe altos niveles de cobertura social demuestra que el problema ya no es solo de acceso a beneficios, sino de integración real al desarrollo económico y laboral.

Celebrar la baja de la pobreza es legítimo. Pero hacerlo sin atender estas señales de alerta sería un error.