En votación dividida Core aprueba proyecto habitacional Valle Los Sauces pese a críticas por segregación y costos

La forma en que se escogieron las familias beneficiarias del proyecto habitacional Valle Los Sauces, etapa cinco, iniciativa que contempla la construcción de 226 viviendas con un costo de $13 mil millones, desató una nueva polémica al interior del Consejo Regional. Esto luego de que los representantes del órgano colegiado recomendaran rechazar el proyecto; sin embargo, tras una extensa discusión, dicha moción fue desestimada.

Este resultado tuvo como efecto reglamentario inmediato la restitución de la propuesta original del gobernador regional, la cual sí contemplaba la aprobación del financiamiento. Acto seguido, el pleno votó la moción original, aprobándola por ocho votos a favor y siete en contra, sellando así el destino del proyecto.

Una de las voces más críticas fue la consejera de oposición Roxana Gallardo, quien fue enfática en señalar que el proyecto se diferencia sustantivamente de iniciativas anteriores, ya que no sólo considera la construcción de viviendas adosadas -una tipología largamente cuestionada por su impacto en la calidad de vida- , sino que además incorpora obras viales de alto costo, específicamente la habilitación de una calle cuyo valor resulta incluso superior al de las propias viviendas.

“Si este proyecto hubiese venido separado, probablemente habría pasado sin mayores dificultades. El problema es que aquí se engancha la construcción de viviendas con una calle que no corresponde al génesis del convenio”, sostuvo Gallardo, agregando que el Gobierno Regional no puede transformarse en un instrumento para habilitar terrenos privados en beneficio de empresas constructoras.

Otros consejeros advirtieron que este tipo de iniciativas está generando una concentración territorial de familias de alta vulnerabilidad, mayoritariamente pertenecientes al 40% del Registro Social de Hogares, lo que contradice políticas anteriores de integración social, destacadas como uno de los logros del propio Gobierno Regional en años anteriores.

“Estamos volviendo a los años 80, a la lógica de decir ‘los pobres viven allá atrás y ahí se quedan’”, afirmó Gallardo, señalando que la acumulación de más de 1.500 viviendas en un mismo sector producirá una segregación “brutal”, con consecuencias sociales de largo plazo. La consejera hizo referencia a la construcción de soluciones habitacionales en sectores cercanos a Pampa Redonda y Río de los Ciervos, en el sector sur de la ciudad.

Selección de las viviendas

Otro de los cuestionamientos apuntó a la forma en que se seleccionaron las familias beneficiarias. El consejero Max Salas acusó al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de haber privatizado su rol social, delegando la organización de los comités y la identificación de la demanda en entidades patrocinantes ligadas a las mismas empresas constructoras.

“Las empresas administran los grupos, organizan la demanda y terminan enquistadas en la gestión pública”, señaló Salas, agregando que en comunas como Natales se ha producido un maltrato sistemático a las agrupaciones, con prácticas de discriminación y falta de transparencia.

Por su parte, el consejero Rodolfo Arecheta advirtió que el proyecto presenta problemas jurídicos relevantes, particularmente por la inclusión de una obra vial que, a su juicio, debió licitarse de manera independiente.

“El problema no es sólo de forma, sino de fondo. Una empresa constructora podría reclamar por qué esa calle no fue licitada, y eso podría llevar el proyecto a tribunales”, sostuvo, alertando que una eventual judicialización podría duplicar los plazos de ejecución.

Otro de los puntos críticos fue planteado por el consejero Andrés López, quien puso el foco en el sobregasto acumulado del convenio de programación de vivienda, el cual -según indicó- ya supera los $50.000 millones, incluso antes de considerar este proyecto.

Con la eventual aprobación de nuevas iniciativas, el monto comprometido podría superar los $100.000 millones, lo que -advirtió López- hace prácticamente imposible la construcción de nuevas viviendas en la región durante los próximos tres o cuatro años, salvo que se concrete una nueva Adenda del convenio con el próximo gobierno.

“Hay que decirle la verdad a la gente: así como estamos hoy, es muy difícil que se construya vivienda en Magallanes”, afirmó, señalando además que muchos de estos proyectos recién podrían iniciar obras entre 2027 y 2029, lo que contradice el discurso de urgencia habitacional.