Por falta de quórum diputados rechazaron ampliación del giro de Enap y aportes regionales a empresas públicas

Un duro revés para el desarrollo productivo de la región significó la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Ley de Reajuste al Sector Público, normativa que dentro de su articulado incluía la extensión del giro para la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y la que permitía a los gobiernos regionales realizar aportes económicos a empresas portuarias, figura legal que había facilitado la suscripción de un convenio de programación entre la Empresa Portuaria Austral y el Gore Magallanes en 2024.

Ambas normativas fueron rechazadas debido a que no alcanzaron el quórum calificado para su aprobación. Este quórum fue establecido en 76 diputados.

Uno de los primeros en salir a criticar el resultado de la votación fue el diputado magallánico Carlos Bianchi, quien cuestionó la actitud de Chile Vamos con ambas glosas. “Nuestra región no puede aceptar que la derecha no haya permitido ampliar al doble nuestros puertos, tanto el Mardones como el Prat, con fondos que son del propio gobierno regional”, dijo, calificando la situación de “increíble”.

Carlos Bianchi aseguró que esperan poder revertir esto en el Senado, donde el gobierno enfrenta una compleja situación dado el empate técnico existente, en el que los votos de los magallánicos Karim Bianchi y Alejandro Kusanovic podrían ser claves. Dichas normativas tendrían que ser reincorporadas por el Ejecutivo.

Por su parte, la diputada Javiera Morales lamentó el rechazo de ambos artículos y espera que “los senadores magallánicos reviertan esa decisión en el Senado”. A pesar de aquello, destacó que el reajuste al sector público traerá beneficios a la región, como el bono de invierno, el aguinaldo de Fiestas Patrias y la suspensión del reavalúo de las contribuciones durante 2026.

Hasta el cierre de la presente edición no se obtuvo respuesta del diputado Christian Matheson

A la caída de estos dos artículos se suman otras doce normativas, entre las que se destaca la denominada y polémica “Ley de amarre”, que impedía el despido o cambios en las condiciones laborales invocando sólo “necesidades del servicio”. En caso de querer prescindir de un funcionario, se iba a requerir dictar un acto administrativo, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables. En la práctica, esta iniciativa endurecía aún más las reglas que hacen virtualmente imposibles los despidos en el aparato estatal.

¿Adiós convenio Epa-Gore?

El rechazo de la glosa que habilita a los gobiernos regionales a suscribir convenios de inversión con empresas estatales deja en vilo el convenio suscrito entre la administración Flies y la Empresa Portuaria Austral, por más de $38 mil millones, con los cuales se pretende mejorar el terminal Mardones y el muelle Prat en la capital regional.

Dichos aportes no iban a constituir renta, por lo que quedarían exentos de impuestos. Esto incrementaría directamente los recursos disponibles para proyectos regionales, liberando, sólo en Magallanes, más de $3 mil millones.

Este ya había sufrido una caída el año pasado durante la tramitación de la Ley de Presupuestos por falta de quórum y fue incorporado por el Ejecutivo en el reajuste al sector público junto a una serie de normativas de la más diversa índole. En dicha oportunidad, esto se debió a que se encontraba dentro de una partida que incluía temas que generaban menor apoyo, como el financiamiento a los sitios de memoria.

Esto cierra la puerta, al menos por este año, a firmar acuerdos con otras empresas públicas presentes en la región.

La falta de infraestructura portuaria ha sido constantemente calificada como el principal escollo que enfrenta la industria del hidrógeno verde para su instalación en Magallanes. La Asociación de Hidrógeno explicó que, para importar todas las piezas necesarias para un equivalente de 10 GW en proyectos, se requerirían, a un ritmo optimista de unos 250 barcos al año, cinco años con ocho sitios de atraque.

Ampliación de giro Enap

El rechazo a la extensión del giro de la petrolera estatal aleja a la empresa de poder involucrarse más en negocios relacionados con otro tipo de energía y dificulta su participación directa o indirectamente en el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, combustibles renovables, sintéticos y otros vectores energéticos, a lo largo de toda su cadena de producción, logística y comercialización, complementando su giro histórico en hidrocarburos.