Ministro Cordero descarta que ley Naín-Retamal fuera clave en absolución de Claudio Crespo

En su primera declaración sobre el fallo que absolvió al excomandante de Carabineros, Claudio Crespo, acusado de disparar y cegar a Gustavo Gatica, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, pidió cautela frente a las interpretaciones del caso. Según el secretario de Estado, aunque la Ley Naín-Retamal ha generado debate, los fundamentos del tribunal se basarían en la defensa propia común y no en la nueva normativa, la cual operaría como un argumento complementario “de mayor abundamiento”.

En entrevista con La Prensa Austral, al visitar este viernes Punta Arenas, el ministro enfatizó que, si bien se conoce el veredicto, el razonamiento jurídico detallado recién se publicará en mayo. “Lo que conocemos hasta ahora son los fundamentos del veredicto y transitan más bien por una valoración de los hechos, teniendo en consideración la legítima defensa pura y simple. El argumento de Naín-Retamal es como un argumento de mayor abundamiento, pero esencialmente es un aspecto que está asociado a legítima defensa pura y simple”.

Por otro lado, afirmó que la controversia jurídica sobre los hechos está “completamente abierta” y probablemente será revisada en instancias superiores. “Sobre los aspectos que están vinculados a apremios ilegítimos y la mención a reglamente que se utiliza, yo creo que hay un debate jurídico que va a ser clave en la forma en que potencialmente se planteen los recursos de nulidad”.

Co-legislación y
contexto político

Ante las críticas de sectores del oficialismo por la celeridad con la que se aprobó la ley, el ministro recordó que en Chile existe un sistema de co-legislación con el Congreso. “Si esto hubiese sido un debate sobre un decreto supremo del Presidente de la República, probablemente tendría sentido hablarse exclusivamente de la responsabilidad del ejecutivo, creo, pero yo creo que cada uno tiene que hacerse cargo del contexto y de los debates en los cuales se dan la deliberación democrática”.

En esa línea, Cordero reconoce que “en la discusión de este proyecto de ley disponía de normas que al Ejecutivo no le parecían razonable y se dieron los argumentos del por qué no lo eran”. 

No obstante, Cordero también contextualiza que esta ley se da en un año marcado por ataques fatales contra policías, lo que generó una voluntad transversal de actualizar la legislación penal. “Había una voluntad explícita del gobierno y la oposición de avanzar en una agenda consensuada en materia de seguridad y eso requería actualizar la legislación chilena en muchos ámbitos, en reforzar el Código Procesal Penal”, planteó Cordero.