Contraloría detecta “graves” irregularidades en la rendición de fondos de la seremi de Cultura

– El ente contralor instruyó el inicio de un proceso disciplinario y remitió antecedentes al Servicio de Impuestos Internos y al Ministerio Público.

Marcos Sepúlveda Loyola 

Una serie de irregularidades detectó la Contraloría General de la República en la seremi de Cultura. El informe da cuenta de falencias contables, demoras administrativas de hasta 576 días hábiles, rendiciones deficientes, eventuales conflictos de interés y falta de control sobre convenios y beneficiarios, incluyendo doble rendición de documentos, sobrevaloración de más de $153 millones en cuentas contables y proyectos ejecutados sin respaldo documental suficiente.

Dada la magnitud de estos hallazgos, la Contraloría instruyó el inicio de un proceso disciplinario y remitió antecedentes al Servicio de Impuestos Internos y, eventualmente, al Ministerio Público, ante la posible comisión de responsabilidades administrativas y legales. Esta auditoria fue publicada a finales de octubre del año recién pasado.

El examen del ente fiscalizador se centró en las transferencias otorgadas a entidades privadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de marzo de 2025. Dicha revisión se realizó con el objetivo de comprobar si las rendiciones de cuentas presentadas por los ejecutores de los proyectos estaban debidamente acreditadas y respaldadas documentalmente.

La fiscalización tomó en cuenta tres grupos de proyectos rendidos. El primero, integrado por seis iniciativas del sector privado que recibieron transferencias de Cultura entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de marzo de 2025, cuyos montos totalizaron $37 millones 614 mil. A esto se suman 13 convenios con rendiciones de cuentas aprobadas por la seremi entre enero de 2024 y marzo de 2025. Estos últimos convenios suman más de $195 millones, equivalentes al 22% del monto total rendido por Cultura durante ese periodo.

Debido al retraso que presentaba Cultura en la revisión de cuentas, la Contraloría decidió incorporar rendiciones que habían sido entregadas por ejecutores privados entre enero de 2024 y marzo de 2025, pero que aún no habían sido revisadas ni aprobadas por el organismo otorgante. Aquí se revisaron ocho convenios pertenecientes a siete entidades privadas, por un monto de $141 millones.

Principales irregularidades

Se detectó que la Unidad de Fondos Concursables utiliza planillas Excel para controlar las transferencias y rendiciones, lo que las hace susceptibles a errores de manipulación o pérdida de información al no contar con un sistema automatizado robusto. “Al no ser un sistema automatizado, no cuenta con controles que impidan realizar modificaciones no autorizadas en los registros”, explica el informe de Contraloría. A pesar de que la Seremi de Cultura argumentó que se encuentra en proceso de implementación de un sistema informático contable, el ente fiscalizador mantuvo la observación.

También se encontró que la Unidad de Administración y Finanzas carecería de un registro íntegro que indique el estado de todas las iniciativas y beneficiarios, lo que impediría un monitoreo eficaz del ciclo de vida de los convenios. Esta falta de documentación centralizada contravendría la normativa que exige que todas las transacciones y eventos significativos de una institución pública estén debidamente documentados a través de sistemas de información eficientes.

Desde Cultura informaron a la Contraloría la creación de un nuevo cargo con perfil de “gestor de convenios”. Este funcionario tiene como objetivo centralizar la gestión de todos los convenios de transferencia de la región, realizar el monitoreo del gasto, emitir reportes de estados de avance y validar la revisión final antes del cierre de cada proceso.

Discrepancias entre la información oficial entregada por la seremi y lo existente en los archivos internos fue la inconsistencia que encontró el ente revisor. Según se detalla en la auditoría, la Unidad de Administración y Finanzas entregó una planilla Excel con el listado de rendiciones aprobadas durante 2024 y 2025; sin embargo, los auditores constataron que dicho listado estaba incompleto. Al revisar las carpetas físicas y la sección de Transparencia Activa de la institución, se descubrió que existían proyectos con resoluciones de cierre administrativo ya dictadas que no figuraban en el reporte oficial entregado para la auditoría.

Editorial Entrepáginas Ltda. y el Centro de Estudio del Cuaternario serían algunos de los beneficiarios que presentarían este problema. Desde la seremi de Cultura argumentaron a la Contraloría que algunos proyectos se omitieron porque la planilla entregada solo incluía a personas jurídicas, dejando fuera a las personas naturales. En tanto, otros no se incluyeron producto de un olvido “involuntario”.

En este punto, el ente contralor ordenó a la seremi adoptar medidas para asegurar que, en el futuro, sus archivos de proyectos sean íntegros y fidedignos.

También se detectó que no existe un mecanismo formal y uniforme para la revisión de rendiciones de cuentas, aplicándose procedimientos distintos según el caso.

Otras irregularidades halladas en la gestión de recursos públicos por parte de la seremi van desde eventuales conflictos de interés hasta serias deficiencias contables. Uno de los casos más sensibles corresponde a Habitagonia, donde un beneficiario adquirió una cámara fotográfica a su propia empresa, facturándola como activo fijo, lo que sugiere una ventaja indebida mediante el uso de fondos fiscales. A ello se suman rendiciones aprobadas con documentación deficiente, como boletas sin detalle, facturas sin referencia a los proyectos, comprobantes ilegibles y gastos sin relación con las iniciativas financiadas, incluyendo consumo de alcohol y juegos de mesa, además de la ausencia de comprobantes de ingreso que acrediten la recepción efectiva de los recursos por parte de los beneficiarios.

Festival Acrux

Uno de los proyectos financiados por la seremi de Cultura que presentó rendiciones insuficientes fue la segunda versión del Festival Acrux de Poesía y Ciencia en el Estrecho de Magallanes, de 2023, ejecutado por la Asociación de Investigadores Museo de Historia Natural Río Seco, por un monto de $36 millones 250 mil.

El ejecutor habría presentado dos facturas de $13 millones 525 mil bajo la glosa genérica de “Servicio de producción y gestión”, sin desglosar los gastos específicos de ítems críticos como traslados, alojamiento o alimentación. Debido a esta falta de detalle, la Contraloría determinó que no es posible acreditar de modo pormenorizado el destino de los recursos ni validar si los montos fueron razonables y pertinentes para las actividades del festival. Se detectó, además, una boleta de honorarios por $4 millones 600 mil por concepto de “producción general” que no contaba con un informe que detallara las tareas efectivamente realizadas.

Según el informe, para ejecutar esta actividad la Asociación de Investigadores Museo de Historia Natural Río Seco habría contratado a la empresa Rodríguez y Rodríguez Limitada para realizar prácticamente todas las acciones planificadas para la producción del festival. Esto constituiría un incumplimiento del convenio, debido a que este documento obligaba explícitamente al responsable a ejecutar totalmente el proyecto por sí mismo.

Debido a la gravedad de estos hallazgos, la Contraloría determinó que la rendición de cuentas no acredita de manera suficiente ni fehaciente el uso de los recursos. Por ello, ordenó a la seremi de Cultura iniciar un proceso disciplinario para establecer las responsabilidades administrativas de los funcionarios que permitieron estas irregularidades.

576 días

El ente contralor identificó que se adjudicaron proyectos a beneficiarios cuyos giros en el Servicio de Impuestos Internos no se relacionan directamente con actividades culturales, contraviniendo la Ley de Presupuestos.

Según lo revelado por la auditoría, la seremi demoraría hasta 576 días hábiles en formalizar resoluciones clave relacionadas con cambios de actividades y prórrogas de convenios, indispensables para la correcta ejecución de proyectos financiados con recursos públicos. En el informe se ejemplifica que una solicitud presentada en junio de 2021 recién en octubre de 2023 fue autorizada.

La seremi atribuyó estos retrasos a una sobrecarga de funciones derivada del contexto pre y post pandemia; sin embargo, la Contraloría concluyó que dicha situación vulnera los principios de celeridad y oportunidad establecidos en la legislación vigente.

Sobrevaloración y saldos por rendir

En el ámbito contable, se constató incluso la doble rendición de los mismos documentos tributarios en proyectos distintos, así como una sobrevaloración persistente de más de $153 millones en la cuenta “Deudores por transferencias reintegrables”, debido a que la seremi no rebajó oportunamente las rendiciones ya aprobadas. A esto se suma la existencia de saldos por rendir arrastrados desde 2015 y subcontrataciones irregulares, donde directivos de agrupaciones beneficiarias actuaron simultáneamente como proveedores.