Fide XII: responsabilidades que no pueden eludirse

La crisis que hoy enfrenta la Fundación para el Desarrollo de Magallanes, Fide XII, no admite atajos interpretativos ni explicaciones simplistas. Los antecedentes judiciales, administrativos y testimoniales conocidos hasta ahora dan cuenta de un colapso institucional profundo, cuya responsabilidad debe ser asumida tanto por quienes dirigieron y administraron la fundación como por el Obispado de Punta Arenas, bajo cuyo alero operaba la entidad.

La investigación que desarrolla desde hace más de un año la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI por presuntas estafas y defraudaciones, junto a la denuncia del gobierno regional por más de $156 millones no rendidos, configuran un escenario grave. Pero es la denuncia vinculada a la ex Casa del Samaritano -hoy Vida Austral- la que revela con mayor crudeza las consecuencias humanas de este desorden: un adulto mayor cuya pensión habría sido prácticamente absorbida por la administración del recinto, sin autorizaciones claras, sin transparencia y sin control efectivo.

Aquí existe una responsabilidad directa de quienes gestionaban los programas. Las prácticas descritas -manejo de claves bancarias de residentes, retiros del 100% de pensiones, registros internos que no coinciden con cartolas bancarias- no pueden ser normalizadas bajo ningún argumento. La precariedad financiera de una institución jamás justifica la vulneración de derechos ni la informalidad en el manejo de recursos ajenos.

Sin embargo, sería un error reducir esta crisis a la acción de determinados administradores o exdirectivos. Fide XII no operaba en el vacío. Depende del Obispado de Punta Arenas, lo que le otorgaba y otorga un respaldo institucional, legitimidad social y acceso a recursos públicos. El reconocimiento del propio obispo Óscar Blanco respecto de un “exceso de confianza” y de la falta de información financiera es, en ese sentido, tan honesto como inquietante. La confianza, cuando reemplaza a la supervisión, se convierte en una forma de omisión.

Que la máxima autoridad eclesiástica regional se haya enterado por la prensa de acciones judiciales contra una fundación bajo su dependencia revela una falla estructural de gobernanza. No basta con la buena fe ni con la trayectoria histórica de una institución, pues administrar recursos públicos y programas sociales exige controles permanentes, rendición de cuentas y responsabilidades claramente delimitadas.

La auditoría forense anunciada es necesaria y urgente. Permitirá esclarecer montos, identificar responsabilidades y definir eventuales acciones legales. Pero el daño ya está hecho: a los usuarios, a los trabajadores, a las comunidades involucradas y a la confianza pública. Asumir responsabilidades compartidas no diluye culpas; por el contrario, es el único camino para comenzar una reparación real y evitar que una crisis similar vuelva a repetirse.