Colombiano se trenzó a golpes con su arrendadora

– Ordenan abandono de hogar y arraigo nacional.

En una audiencia desarrollada este domingo en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la Fiscalía formalizó cargos por el delito de daños simples contra Byron Victoria Rentería, ciudadano de nacionalidad colombiana, tras un episodio de violencia motivado por un ataque de celos. El tribunal dispuso medidas cautelares estrictas, que incluyen la salida inmediata del imputado del domicilio que compartía con la víctima y la prohibición absoluta de acercarse a ella.

Los hechos que motivaron la intervención judicial ocurrieron entre la noche del 17 de enero y la madrugada del 18 de enero en un inmueble de la calle Juan Martínez de Rozas, propiedad de la víctima, quien le arrendaba una habitación al imputado.

Según el relato del Ministerio Público, durante una convivencia social en la vivienda, la dueña de casa procedió a bailar con uno de los invitados, situación que ofuscó profundamente a Victoria Rentería. El hombre se trenzó inicialmente a golpes con el invitado y, posteriormente, destruyó el teléfono celular de la mujer, un aparato Samsung modelo A6 avaluado en 150.000 pesos, lo que motivó el llamado a Carabineros y su posterior detención cerca de las 7 de la mañana.

Durante el control de detención, la Fiscalía expuso que el imputado ingresó de manera regular a Chile en septiembre de 2023 a través del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, pero que actualmente se encontraba en situación irregular al no contar con documentación nacional vigente.

Por este motivo, el ente persecutor solicitó ampliar la detención por 24 horas para realizar diligencias de identificación mediante huellas dactilares ante el Registro Civil. Sin embargo, la defensa se opuso con éxito a esta medida, argumentando que el imputado contaba con su pasaporte colombiano original como documento oficial de identidad, lo que permitió que la formalización se llevara a cabo de inmediato.

Finalmente, el magistrado Franco Reyes Pozo resolvió imponer el arraigo nacional y la prohibición de comunicación con la víctima por cualquier vía. Además, considerando la seguridad de la afectada y la naturaleza del conflicto, se decretó el abandono del hogar común y una restricción de acercamiento en un radio de 100 metros. El tribunal fijó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación, periodo durante el cual el imputado solo podrá regresar a la propiedad bajo resguardo policial para retirar sus pertenencias personales.