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Delegación regional ordena a dueño de taller mecánico restituir terreno fiscal que viene ocupando ilegalmente hace 20 años

Martes 20 de Enero del 2026

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Las constantes fiscalizaciones que ha emprendido la municipalidad y las infracciones cursadas por la ocupación ilegal -como taller mecánico- de un retazo de terreno fiscal que forma parte del Parque Ramón Rada, al norponiente de la ciudad, se tradujeron en una resolución administrativa emanada desde la Delegación Presidencial Regional, para ordenar el desalojo del bien fiscal.

Para ello, el decreto notificado al poseedor del terreno, de fecha 14 de enero de 2026, otorga un plazo perentorio de 5 días para la restitución del inmueble, los cuales expiraron este lunes 19 de enero.

En conocimiento de la orden administrativa, el mecánico Iván Castillo, recurrió a los tribunales para paralizar la medida de desalojo de un terreno que ocupa hace más de 20 años, en calle Onofre Cisterna N°96, donde, argumenta, “ejerzo mi oficio de mecánico y tengo mi sustento vital y el de mi familia”.

El acto administrativo firmado por el delegado presidencial se funda bajo la premisa de que dicho terreno pertenecería al fisco de Chile y que su ocupación sería ilegal.

No obstante, el poseedor del mismo plantea que “dicha orden administrativa se emite sin que exista un juicio previo de lato conocimiento donde se discuta el dominio o la posesión del inmueble, y sin que haya tenido la oportunidad de defenderme, presentar pruebas o acreditar su posesión ante un tribunal de la República”.

En su opinión, dicho procedimiento administrativo de desalojo constituye un acto arbitrario y vulnera sus garantías constitucionales.

En consecuencia, Castillo interpuso un recurso de protección en su favor y de su grupo familiar contra el delegado presidencial regional José Ruiz Pivcevic, solicitando se deje sin efecto el decreto administrativo que ordena el desalojo del terreno. De igual manera apuesta porque la Corte de Apelaciones dicte una orden de no innovar en esta causa, suspendiendo los efectos del acto administrativo y paralizando cualquier resolución hasta que se dicte sentencia definitiva en este caso.

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