Votar contra el mar y los portazos del Estado

Hace algunas semanas se confirmó en Aysén lo que nosotros ya presenciamos en nuestro territorio: una mesa de autoridades ignora un fallo de la Corte Suprema para volver a votar en contra de las comunidades indígenas, rechazando las solicitudes de espacios en el maritorio. Tanto en Aysén como en Magallanes las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero (Crubc) votaron en contra de otorgar los espacios, sin fundamentar su decisión con argumentos válidos, sino exigencias fuera de la norma.

A estas alturas, podemos ser testigos como la institucionalidad del país entero, a través de sus secretarías regionales ministeriales, órganos colegiados como el consejo regional y comisiones especiales ya tienen el voto decidido antes de analizar propuesta alguna. Ya no importan la cantidad de hectáreas, el tamaño, la ubicación o si hay otras actividades económicas que podrían verse afectadas según su discurso. Ahora se rechaza a rajatabla y quien vote a favor de las comunidades indígenas queda vetado políticamente.

En la sesión de la Crubc de Aysén vimos como cada falaz argumento para rechazar el espacio concluía con un estruendoso aplauso de los participantes. En las sillas, quienes aplaudían fueron reconocidos representantes de la industria salmonera, lobistas que celebran el clima que han cultivado a base de desinformación. Con este último ingrediente, suman aliados en distintos frentes.

Acaso con menor margen de público, pero para los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo) solicitados en Magallanes, la tónica es similar. El discurso se repite de boca en boca y la directriz establecida con antelación se manifiesta en cada voto en contra. Son contados con los dedos de una mano quienes osan alzar la voz y dar una postura distinta, disidente del racismo imperante en las instituciones del Estado.

Como ya se ha dicho en columnas anteriores, lo que se busca con las Ecmpo es fortalecer las actividades sustentables en el maritorio. Lejos de ser un freno al desarrollo, potenciar las actividades tradicionales, el resguardo y equilibrio territorial y la continuidad de la pesca artesanal en áreas vitales ante la presión de las industrias. Se trata de cuidar el mar, disfrutarlo como nuestros ancestros y nutrirnos de él desde el respeto y la protección. Por eso, todo aquello que destruya el mar es incompatible con estos espacios.

La Ley 20.249 vino a reconocer los derechos de pueblos originarios sobre espacios que han sido utilizados por siglos por nuestros antepasados y por nosotros en la actualidad. Vino a devolver el mar a quienes siempre hemos navegado en él, antes de entregarlo por pedazos a la industria, como si las olas se pudieran parcelar.

Por eso empatizamos con nuestros hermanos de Aysén, quienes recibieron un doble portazo en la cara de las comunidades. Porque acá esa es historia conocida y lo que fue un primer precedente, se transformó en patrón. El Estado de Chile, representado por sus múltiples instituciones, permite a través de sus decisiones que existan derechos de primera y segunda categoría. Y se decidió que  los derechos ancestrales estén debajo de los intereses económicos.