Exfiscal pide pena de 540 días para funcionaria que lo denunció por falso abuso sexual

El exfiscal Manuel Soto Basauren solicita una pena de 540 días de presidio y el pago de una multa de 10 UTM, en contra de la funcionaria que lo denunció falsamente de un abuso sexual.

A través de su abogada, la exdefensora regional Gustava Aguilar Moraga, presentó una querella por calumnias e injurias.

La acción penal privada se ventiló ayer en tribunales, producto de que estaba fijada la llamada “audiencia de conciliación”, pero como no hubo tal se inició la preparación de juicio oral.

Previo a esto, la parte querellante formuló algunos vicios formales, que fueron corregidos en la querella. Pero como además existían algunas diligencias pendientes -entre ellas unos oficios que se solicitaron-, la profesional pidió suspender la preparación de juicio hasta contar con lo solicitado.

El juez Franco Reyes dio lugar a esto y la audiencia se retomará el martes de la próxima semana. 

Querella

La investigación que el año pasado se abrió en contra del exfiscal Manuel Soto Basauren, por un supuesto abuso sexual, quedó en nada, luego de que el Ministerio Público decidiera “no perseverar”.

Esta causa nació a partir de la querella que interpuso una funcionaria de la fiscalía de Porvenir en contra de Soto, patrocinada por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, “por abuso sexual a mayor de 14 años por sorpresa y/o sin consentimiento”.

Como la causa penal no arribó a nada, ya que el Ministerio Público no dedujo acusación, el exfiscal terminó querellándose.

“Esto obedece a que el hecho que dio origen a la investigación sumaria, como a la investigación penal, y a la querella interpuesta por la funcionaria, es todo absolutamente falso y jamás ocurrió”, dijo en su momento Manuel Soto.

Para Gustava Aguilar, la querellada sostuvo una falsedad, “ocasionando a mi representado un daño profundo a su honor, a su reputación profesional y a su dignidad personal”.

Los delitos de calumnia e injurias son de acción penal privada y concurren en la especie de manera evidente, toda vez que las manifestaciones difamatorias fueron reiteradas, contradictorias y difundidas en un contexto institucional, que trascendió del ámbito privado y fue de connotación pública, causando un perjuicio irreparable a la honra profesional, personal y familiar de mi representado.