Ángela Vivanco es enviada a prisión preventiva

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quedó este viernes en prisión preventiva tras ser formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos, convirtiéndose en la primera exjueza del máximo tribunal del país en quedar tras las rejas. La medida fue decretada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que acogió la solicitud de la Fiscalía Regional de Los Lagos al estimar que su libertad constituía un riesgo para el desarrollo de la investigación.

La resolución se conoció luego de una extensa audiencia de control de detención y formalización, en la que el Ministerio Público expuso antecedentes que vinculan a la exmagistrada con presuntos pagos irregulares asociados a un fallo judicial que favoreció al consorcio Belaz Movitec en una disputa con Codelco, en el marco del denominado caso “muñeca bielorrusa”.

Vivanco había sido detenida la noche del domingo en su domicilio en la comuna de Las Condes, luego de que se declarara admisible la querella de capítulos presentada en su contra. Durante la audiencia, su defensa intentó invalidar la orden de detención y cuestionó la proporcionalidad de la medida cautelar, alegando problemas de salud y su disposición a comparecer voluntariamente ante la justicia. Sin embargo, el juez Cristián Sánchez rechazó esos argumentos y sostuvo que existen antecedentes suficientes para presumir su participación directa en hechos ilícitos.

En su resolución, el magistrado enfatizó que la conducta imputada a Vivanco “afectó gravemente la integridad del sistema de justicia”, en particular la independencia que deben mantener los jueces, dañando la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

La exministra cumplirá la prisión preventiva en un anexo especial de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín, un recinto aislado y sin contacto con otras internas, destinado a imputadas de alta connotación pública. Según la Fiscalía, Vivanco habría recibido hasta $90 millones a través de su pareja, Gonzalo Migueles, fondos cuyo origen estaría en pagos efectuados por abogados del consorcio bielorruso que litigó contra la estatal minera.