Caso Fide XII: revelan nueve cuentas sobregiradas y deuda previsional millonaria durante gestión de Reinaldo Leiva

La inexistencia de libros contables actualizados, la operación de nueve cuentas corrientes sobregiradas, presuntas transferencias de fondos institucionales a cuentas personales y una deuda previsional cercana a los mil millones de pesos forman parte de las graves irregularidades administrativas y financieras que la Fundación para el Desarrollo de Magallanes (Fide XII), atribuye a su exdirector ejecutivo, Reinaldo Antonio Leiva Oyarzo.

Los antecedentes fueron expuestos en la contestación de demanda presentada por la fundación ante el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas, en el marco de la acción judicial interpuesta por el propio Leiva, quien reclamaba el pago de remuneraciones adeudadas, feriados legales, cotizaciones previsionales y la restitución de un presunto préstamo personal por más de $21 millones. Este conflicto judicial concluyó con un avenimiento aprobado en octubre del año pasado, mediante el cual se acordó el pago de $27 millones a favor del exdirectivo.

Estos documentos son públicos y se pueden acceder a través de la página web del Poder Judicial.

Según la fundación -representada por el abogado Julio César Jofré Moreno-, la crisis económica que actualmente enfrenta la institución dependiente del obispado sería consecuencia directa de la gestión de Leiva, quien durante más de 20 años tuvo a su cargo la administración general, el control financiero y el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

En su presentación judicial, Fide XII describe un escenario administrativo “desastroso”, que habría quedado en evidencia tras la salida del exdirector ejecutivo y la designación, en diciembre de 2024, de la nueva directora ejecutiva, Pamela Díaz Chacón. De acuerdo con el escrito, Leiva no realizó una entrega formal del cargo, lo que obligó a iniciar un complejo proceso de intervención para reconstruir la contabilidad y el funcionamiento interno de la entidad.

Entre las irregularidades detectadas, la fundación denunció que no existían libros contables actualizados ni respaldo digital de los procesos contables desde el año 2021, los cuales -según se expone- eran manejados mediante una gestión “altamente concentrada y opaca”, radicada en el demandante y dos personas más.

Asimismo, se acusó la existencia de transferencias de fondos desde cuentas corrientes de Fide XII hacia cuentas personales de Reinaldo Leiva. De acuerdo con la información recopilada por la fundación, entre los años 2011 y 2024 se habrían realizado traspasos por un total superior a los $213 millones, de los cuales solo se habrían restituido $134 millones, permaneciendo cerca de $78 millones en poder del exdirector ejecutivo.

La contestación judicial también señala que hubo proyectos financiados con recursos públicos que no fueron ejecutados o que se ejecutaron parcialmente, sin respaldo documental ni evidencia de su correcta implementación. Por esta situación, en diciembre del año pasado el Gobierno Regional de Magallanes envió un oficio al Ministerio Público, denunciando que la entidad ligada a la Iglesia no había rendido $156 millones.

A ello se suman multas cursadas por la Dirección del Trabajo por más de $80 millones, deudas superiores a los $100 millones derivadas de finiquitos impagos a trabajadores del Eleam Cristina Calderón y una deuda previsional acumulada que superaría los mil millones de pesos, correspondiente a cotizaciones impagas de Seguro de Cesantía, AFP, isapres, Fonasa y cajas de compensación.

En relación con el presunto préstamo reclamado por Leiva, la fundación afirmó no tener antecedentes que acrediten su existencia ni su uso institucional. El exdirector, en tanto, había señalado que entre 2018 y 2023 solicitó créditos personales en la Caja de Compensación La Araucana para financiar necesidades de la fundación, deudas que superarían actualmente los $21 millones.

Fide XII enfrenta una crisis sin precedentes. Tan solo el año pasado la entidad registró 14 demandas laborales por despidos injustificados en el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas. Estas acciones judiciales se suman a las investigaciones que mantiene la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones, por una presunta estafa y otras defraudaciones en contra de particulares.

Respecto de la grave crisis institucional, el obispo de Punta Arenas, Óscar Blanco Martínez, sostuvo que existió un exceso de confianza y una falta de información financiera en Fide XII, anunciando la realización de una auditoría forense para determinar la magnitud real del problema.