Defensa de Cathy Barriga logra postergar audiencia clave en investigación por corrupción

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago acogió este martes la solicitud de la defensa de Cathy Barriga y resolvió postergar por seis meses la audiencia de preparación de juicio oral en contra de la exalcaldesa de Maipú, fijándola para el próximo 4 de agosto.

La audiencia estaba programada para realizarse durante esta jornada, sin embargo, los abogados de Barriga solicitaron más plazo argumentando que no han tenido acceso a la totalidad de los antecedentes de la investigación, los que —según indicaron— no habrían sido entregados por la Fiscalía Oriente.

El tribunal consideró atendible la petición y resolvió aplazar la diligencia, permitiendo así a la defensa revisar el material investigativo antes del inicio formal del juicio oral.

Tras la resolución, el abogado defensor Cristóbal Bonacic valoró la decisión judicial, señalando que el Ministerio Público tiene la obligación legal de entregar íntegramente los antecedentes una vez presentada la acusación. “El tribunal observó la falta de entrega de esos antecedentes y por eso cambió la fecha a solicitud de esta defensa”, afirmó.

En la misma línea, Barriga sostuvo que la postergación le parece “prudente”, ya que permite que su abogado ejerza su defensa de manera adecuada.

Desde la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, el fiscal jefe Felipe Sepúlveda indicó que la solicitud no resultó sorpresiva, considerando el volumen de antecedentes reunidos en la causa. Respecto a la acusación de falta de entrega de información, aseguró que la carpeta investigativa fue puesta a disposición del tribunal al momento de presentar la acusación, precisando que lo pendiente corresponde a evidencia digital que aún no ha sido retirada por la defensa.

Cabe recordar que Cathy Barriga está imputada por diversos delitos de corrupción cometidos durante su gestión como alcaldesa de Maipú, hechos que habrían generado un déficit municipal superior a los $30 mil millones. La Fiscalía Oriente solicita una pena de hasta 23 años de cárcel, mientras que el Consejo de Defensa del Estado, como parte querellante, pide una condena de 37 años.

Entre los delitos imputados figuran fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.