Golpe a la inversión regional: Santiago no ha transferido $28 mil millones a Magallanes

• El retraso en las transferencias desde el nivel central mantiene en vilo el pago a proveedores y
  contratistas de las obras financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Marcos Sepúlveda Loyola

Un bajo flujo de recursos y retrasos en las transferencias desde la dirección de Presupuestos está experimentando el gobierno regional de Magallanes, situación que se suma a la preocupación existente entre gobernadores de todo el país ante la posibilidad de recortes al presupuesto de las administraciones regionales. Esto, a raíz del déficit efectivo del 2,8% del Producto Interno Bruto, informado por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Según denunciaron consejeros regionales y confirmó el propio gobierno regional, de los cerca de $13.000 millones solicitados para el bimestre enero-febrero, solo se han transferido alrededor de $1.100 millones. El reclamo fue suscrito por los consejeros oficialistas Arturo Díaz, Patricio Gamín, Rodolfo Cárdenas, Víctor Pérez, Andrés López España y Juan Morano.

A esto se suman más de $17.000 millones que deberían de haber sido transferidos para los meses de noviembre y diciembre que aún no son liberados.

Esta falta de liquidez imposibilita el pago a proveedores y empresas contratistas encargadas de obras financiadas a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

“Aquí hay un problema que es mucho mayor, que no solo tiene que ver con la tramitación del presupuesto, sino con que no han llegado los recursos financieros”, señaló la jefa de la división de Presupuesto e Inversión Regional, Francisca del Fierro, quien confirmó la información. Además, aseguró que se están sosteniendo conversaciones con el nivel central para resolver el problema y manifestó su expectativa de que la situación se solucione antes del cambio de gobierno.

Entre los proyectos que se encuentran en plena ejecución y que no han podido realizar pagos se cuentan la construcción de la Biblioteca y Archivo Regional, que presenta un 50% de avance; la primera comisaría de Carabineros, emplazada en los ex terrenos del Regimiento Pudeto; y los últimos pagos del Centro de Salud Familiar 18 de Septiembre, entre otros proyectos apalancados a través del FNDR.

Un cúmulo de problemas

Desde el Consejo Regional se realizó un llamado urgente al ministerio de Hacienda y a la dirección de Presupuestos (Dipres) para que se compensen los recursos no transferidos y se normalice la ejecución presupuestaria. Asimismo, reiteraron la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía financiera de los gobiernos regionales, advirtiendo que la excesiva dependencia del nivel central expone a las regiones a crisis recurrentes como la actual.

Esta tardanza en la entrega de recursos no solo afecta al Gore Magallanes, sino que repercute en otras entidades regionales a nivel nacional. La señal de alerta fue dada hace algunos días por el gobierno regional de Los Ríos, encabezado por un gobernador socialista. Esta situación ha desatado la indignación de diversas autoridades regionales, ya que, por primera vez desde la creación de los gobiernos regionales en 1994, se han dejado de transferir recursos comprometidos.

A lo anterior se suman las demoras en las visaciones de proyectos aprobados por el Consejo Regional por parte de la dirección de Presupuestos. En el caso de Magallanes, una iniciativa tarda 26 días corridos en ser revisada, a lo que se agregan los plazos de Contraloría, elevando el proceso a 44 días corridos.

Fuentes al interior del Consejo Regional advierten que, debido a la gestión de Javiera Martínez, iniciativas como los más de $1.000 millones destinados a reducir las listas de espera en salud, el programa de fibromialgia, entre otros proyectos, no lograron concretarse debido a la burocracia existente en la Dipres.

A la ausencia de envío de remesas, las demoras en visar proyectos y los malos cálculos en las estimaciones fiscales -que derivan en recortes presupuestarios- se suma que, nuevamente, los gobiernos regionales solo podrán comenzar a ejecutar los recursos asignados por la Ley de Presupuestos en marzo, y no a fines de enero, como se había comprometido el gobierno. Este retraso es clave, ya que la postergación de la apertura presupuestaria reduce significativamente las posibilidades de materializar obras, considerando la compleja maraña burocrática que existe desde la formulación de un proyecto hasta la colocación de la primera piedra.

Consejeros indignados

Las críticas de los consejeros regionales apuntaron directamente a la gestión de Javiera Martínez (Dipres) y a la falta de peso político del Ejecutivo en la zona. El consejero de Evópoli, Rodolfo Arecheta, fue tajante al señalar que “la Dipres no fue capaz ni siquiera de cumplirle a la región del Presidente”, calificando el desempeño financiero del gobierno como “desastroso”.

En tanto, Max Salas comparó la situación con una “cueca desnuda”, advirtiendo que existen empresas proveedoras al borde de la quiebra. “Personalmente me cuesta enojarme con figuras tan vulnerables, tan pobrecitas como ha demostrado ser don Gabriel Boric; no sabría qué decirle, es como un cabro chico que se equivoca siempre, pero sin querer”, sentenció.

Por su parte, el consejero radical Rodolfo Cárdenas atribuyó el problema a la “burocratización del sistema” y a la tutela del nivel central que, a su juicio, “mella la gestión regional”. Asimismo, urgió a que la ley de ‘Regiones Más Fuertes’ no quede guardada en un escritorio y se tramite con celeridad para evitar esta dependencia financiera.