Magallanes asfixiada por la caja fiscal

Lo que hoy ocurre con el gobierno regional de Magallanes no es un problema administrativo menor ni un desfase circunstancial. Es una señal de alerta mayor sobre el estado real de la descentralización en Chile y sobre la fragilidad financiera con que operan las regiones frente a las decisiones del nivel central. La falta de transferencias oportunas desde la Dirección de Presupuestos, sumada a la amenaza de recortes por el déficit fiscal informado por Hacienda, está generando un cuadro de paralización que golpea directamente al desarrollo regional.

Que de los cerca de 13 mil millones de pesos solicitados para el bimestre enero-febrero apenas se hayan transferido poco más de mil millones, y que aún existan más de 17 mil millones pendientes desde fines del año pasado, no sólo evidencia un problema de liquidez. Revela, además, una peligrosa normalización del incumplimiento de compromisos presupuestarios asumidos por el propio Estado. Las consecuencias son concretas: obras detenidas, proveedores impagos, empresas contratistas al límite y proyectos emblemáticos -como la Biblioteca y Archivo Regional, la nueva comisaría de Carabineros o centros de salud- avanzando a medias, con incertidumbre total.

Esta situación vuelve a desnudar una verdad incómoda: los gobiernos regionales siguen siendo administradores sin control real sobre sus recursos. La dependencia casi absoluta de la Dipres, sumada a plazos excesivos para la visación de proyectos y a una burocracia que dilata decisiones clave, convierte a la descentralización en un concepto más discursivo que efectivo. No es razonable que iniciativas aprobadas democráticamente por los consejos regionales enfrenten esperas de más de 40 días solo para completar trámites administrativos, mientras las urgencias sociales siguen acumulándose.

Más grave aún es que este escenario no sea exclusivo de Magallanes. La alerta levantada por otras regiones confirma que el problema es sistémico y que, por primera vez desde la creación de los gobiernos regionales, se están dejando de transferir recursos comprometidos. Esto erosiona la confianza institucional y pone en jaque la planificación territorial, especialmente en zonas extremas donde las ventanas de ejecución son acotadas y el clima no perdona retrasos.

Las críticas de los consejeros regionales, más allá de su tono político, recogen una molestia transversal: la sensación de que las regiones pagan el costo de errores de cálculo fiscal y de una gestión centralizada que no logra responder con oportunidad. La promesa de iniciar la ejecución presupuestaria en enero, nuevamente incumplida, termina por reducir al mínimo las posibilidades reales de materializar obras dentro del año.

Si el país aspira a avanzar hacia regiones más fuertes y autónomas, este no es el camino. La descentralización no puede sostenerse sobre transferencias tardías, decisiones centralizadas y promesas incumplidas. Magallanes -como tantas otras regiones- no pide privilegios, exige certezas. Y en un Estado serio, cumplir con los recursos comprometidos no debería ser una concesión, sino una obligación básica.