Aulas sin pantallas

La entrada en vigencia de la ley que regula el uso de celulares en las aulas abre un debate necesario -y largamente postergado- sobre el sentido del aprendizaje, la convivencia escolar y los límites que como sociedad estamos dispuestos a poner a la hiperconectividad. Más que una prohibición, la nueva normativa interpela a las comunidades educativas a repensar cómo y cuándo la tecnología debe estar presente en la vida escolar.

El plazo fijado hasta el 30 de junio de 2026 para adecuar los reglamentos internos no es un mero trámite administrativo. Es una invitación a dialogar, a construir acuerdos y a reconocer que no todos los establecimientos ni todos los estudiantes enfrentan los mismos desafíos. La ley, correctamente, no impone una receta única. Entrega un marco y deja espacio para que cada comunidad educativa defina cómo aplicarlo, considerando edad, contexto, necesidades pedagógicas y situaciones excepcionales de salud o aprendizaje.

En Magallanes, algunas comunidades ya dieron este paso antes de que la ley lo exigiera. Experiencias en colegios de Punta Arenas y Puerto Natales muestran que limitar el uso de celulares durante la jornada escolar puede traducirse en mejoras concretas, pues se evidenció mayor atención en clases y también una mejor convivencia y una interacción más directa entre estudiantes. No se trata de nostalgia ni de demonizar la tecnología, sino de reconocer que la sala de clases debe seguir siendo, ante todo, un espacio de encuentro, concentración y diálogo.

El desafío, sin embargo, no es menor. Tal como advierte el gremio docente, una implementación apresurada o mal comunicada puede convertir esta normativa en un nuevo foco de conflicto. Por eso es clave que el proceso no recaiga exclusivamente en los profesores, quienes ya enfrentan múltiples exigencias dentro del aula. La corresponsabilidad de las familias, el respaldo de las autoridades educativas y orientaciones claras serán determinantes para que la norma cumpla su objetivo y no se transforme en una carga adicional.

La discusión de fondo va más allá del celular como objeto. Lo que está en juego es cómo protegemos el derecho a aprender en un entorno cada vez más saturado de estímulos, notificaciones y presiones digitales. Incluso los propios estudiantes, en aquellos establecimientos donde ya se han aplicado restricciones, han reconocido sentirse más tranquilos al no estar permanentemente conectados. Esa señal no debiera pasar inadvertida.

Regular el uso de celulares en las aulas no es retroceder; es, quizás, un intento por recuperar algo esencial, como es la capacidad de escuchar, concentrarse y relacionarse sin intermediarios. Si la implementación se hace con diálogo, gradualidad y sentido pedagógico, esta ley puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la convivencia escolar y devolverle centralidad al acto educativo. En tiempos de pantallas omnipresentes, aprender a desconectarse también es una forma de educar.