Cuidado del Parque Torres del Paine

Que el Parque Nacional Torres del Paine registre cifras históricas de expulsiones no es motivo de orgullo institucional ni una simple estadística de temporada alta. Es, más bien, una señal de alerta.

Desde septiembre a la fecha se han dictado 16 medidas de expulsión que involucran a 38 personas. Nunca, desde que tras el devastador incendio de 2011 se modificó la legislación para permitir estos procedimientos, se había alcanzado un número tan alto y se tiene que considerar que la temporada aún no termina.

Las principales causas son tan básicas como preocupantes: fumar en lugares no habilitados y utilizar fuentes de calor en sectores prohibidos. En otras palabras, conductas que cualquier visitante mínimamente informado debería saber que están vedadas en un área protegida de la fragilidad ecológica de Torres del Paine.

El argumento de que el flujo de visitantes ha aumentado -un 13% entre 2024 y 2025- es atendible, pero insuficiente como explicación de fondo. Más turistas no debería traducirse automáticamente en más irresponsabilidad. El problema no es sólo cuantitativo. Es cultural.

Torres del Paine no es un parque urbano ni un destino recreativo cualquiera. Es una reserva de la biosfera, un ecosistema único y extremadamente vulnerable al fuego. La amenaza no es hipotética. Sigue presente en nuestra memoria el incendio de 2011, que arrasó más de 17 mil hectáreas. A ello se suman los recientes siniestros en la zona centro-sur de Chile y en la Patagonia argentina, que nos recuerdan que el riesgo es permanente y que el cambio climático agrava cada temporada.

Encender un cigarrillo fuera de una zona permitida no es una falta menor. Es un potencial desastre ambiental. Hacer fuego en un lugar no habilitado no es una travesura turística: es una irresponsabilidad que puede costarle décadas de recuperación a un ecosistema completo.

Las expulsiones -ejecutadas por Carabineros, ya que Conaf no tiene facultad directa para materializarlas- son una herramienta necesaria. Pero no deberían convertirse en la norma habitual de gestión. La sanción es el último recurso. La verdadera tarea es la prevención y la educación.

Resulta inquietante que, pese a la amplia información disponible en plataformas oficiales, aún haya visitantes que ignoren prohibiciones básicas, como no ingresar mascotas, no alimentar fauna silvestre, no abandonar basura, no bañarse en cuerpos de agua, no utilizar drones sin autorización. Cada una de estas normas tiene una razón técnica y ambiental detrás. No son caprichos administrativos; son medidas de protección.

Alimentar animales altera su conducta y los “humaniza”, exponiéndolos a riesgos mayores. Ingresar mascotas puede introducir enfermedades. La basura no sólo contamina, sino que también modifica hábitos de especies nativas. Y el fuego, aunque sea mínimo, puede convertirse en tragedia en cuestión de minutos.

El desafío es amplio. La industria turística, los operadores, los guías y los propios visitantes deben asumir que viajar implica responsabilidad. El prestigio internacional de Torres del Paine no se sostiene sólo en sus paisajes icónicos, sino en la capacidad de conservarlos.

Si queremos seguir promoviendo la Patagonia como destino de clase mundial, debemos exigir estándares de comportamiento igualmente mundiales.