La deuda eléctrica y equidad territorial

La propuesta presentada por el ministerio de Energía para regularizar la deuda generada por el congelamiento tarifario de 2019 instala un debate que trasciende lo técnico y se adentra en el terreno político y social. A semanas del cambio de mando hacia la administración de José Antonio Kast, el Ejecutivo saliente dejó sobre la mesa una fórmula concreta: un cargo fijo promedio de $1.450 mensuales por 48 meses para todos los clientes regulados del país, con subsidio para el 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.
No se trata de una cifra menor. Al cabo de cuatro años, cada hogar terminaría pagando $69.600 para cubrir parte de una deuda que asciende a $734 mil millones, correspondiente al Valor Agregado de Distribución (Vad) que no pudo cobrarse entre 2020 y 2024. Es el costo diferido de una decisión política adoptada en medio de la crisis social de 2019, cuando se optó por congelar tarifas que debían subir 9,2% a nivel nacional. Lo que entonces fue una medida de contención hoy se traduce en una cuenta pendiente.
La discusión, sin embargo, no es simplemente contable. La cuenta de la luz ha experimentado un alza sostenida desde mediados de 2024. En regiones como Magallanes, el incremento acumulado desde 2019 alcanza un 62%, cifra que golpea con fuerza a hogares que ya enfrentan mayores costos de vida por razones geográficas y climáticas. En este contexto, cualquier nuevo cargo -por moderado que se presente- genera legítima inquietud.
El gobierno sostiene que la fórmula es técnica, progresiva y fiscalmente responsable. El subsidio al 40% más vulnerable apunta a evitar un impacto regresivo y se financiaría con la propia recaudación del cargo y su Iva asociado, sin generar déficit. Además, se contempla flexibilidad en casos de mayor consumo, con pagos que podrían extenderse hasta 60 meses. Desde esta perspectiva, la propuesta intenta equilibrar responsabilidad financiera con protección social.
No obstante, quedan interrogantes relevantes. El gremio eléctrico no ha manifestado plena conformidad y persiste el debate sobre si los montos se devolverán con intereses y si el esquema debiera considerar diferencias regionales. El modelo homogéneo propuesto podría terminar beneficiando proporcionalmente más a grandes conglomerados urbanos que a sistemas eléctricos más pequeños o aislados, como ocurre en Magallanes. La equidad territorial, una vez más, aparece como un punto sensible.
Pero el elemento central es político: será el nuevo gobierno quien deba decidir si impulsa esta propuesta, la modifica o plantea una alternativa distinta. La responsabilidad de normalizar la deuda es ineludible; mantenerla indefinidamente solo prolonga la incertidumbre regulatoria y tensiona la cadena de suministro eléctrico. Sin embargo, la forma en que se resuelva marcará el tono de la política energética de la próxima administración.
Aquí se cruzan tres principios: seguridad jurídica para las empresas distribuidoras, sostenibilidad fiscal para el Estado y protección efectiva para los usuarios. Cualquier solución que ignore uno de estos pilares estará destinada a generar nuevas distorsiones.
El desafío del próximo gobierno no será simplemente aprobar un cargo de $1.450 mensuales. Será reconstruir confianzas en un sistema tarifario que ha sufrido vaivenes políticos, garantizar reglas claras y asegurar que el costo de decisiones pasadas no recaiga desproporcionadamente sobre las regiones ni sobre la clase media que no accede a subsidios, pero tampoco tiene holgura presupuestaria.
La deuda eléctrica existe y debe resolverse. La pregunta es cómo y bajo qué criterios de justicia y equilibrio territorial.