Fiscalía formalizará a la exalcaldesa Antonieta Oyarzo  por millonaria deuda en cotizaciones de docentes

Por el delito de apropiación indebida de cotizaciones previsionales y de salud, el Ministerio Público formalizará a la exalcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo, el próximo 16 de abril en el Juzgado de Letras y Garantía de la capital provincial de Última Esperanza. La solicitud fue presentada el viernes 13 de febrero por la fiscal jefe de Puerto Natales, Romina Moscoso.

Oyarzo, si es encontrada culpable, arriesga al menos presidio menor en sus grados medio a máximo, además de una multa y la inhabilitación temporal o perpetua para ejercer cargos u oficios públicos. Las acusaciones recaen en ella debido a que durante su gestión municipal ejerció como representante legal de la Corporación Municipal de Natales (Cormunat).

La exjefa comunal enfrenta además otros procesos judiciales. Hace un año, la administración de Ana Mayorga la denunció por fraude al fisco y administración desleal, acusándola de haber dejado un perjuicio patrimonial superior a los $10 mil millones en la Cormunat y en la entidad comunal. A ello se suman demandas de ex trabajadores por despidos injustificados y una querella por incumplimiento de requisitos en la contratación a honorarios.

Oyarzo no es la primera exautoridad natalina requerida por la justicia. También figura el exalcalde Fernando Paredes, vinculado al caso Luminarias Led, investigación por la cual permaneció algunos meses en prisión preventiva a la espera de juicio.

La comparecencia ante el Ministerio Público tiene como origen la querella criminal interpuesta por 29 docentes y 4 asistentes de la educación en 2024. En ella denuncian que la Corporación Municipal de Natales, su empleador hasta el 1 de enero de ese año -cuando fueron traspasados al Slep-, realizó mensualmente los descuentos por concepto de AFP y salud (Fonasa/Isapre) desde sus liquidaciones, pero no enteró esos montos en las instituciones correspondientes.

Se estima que la deuda previsional acumulada supera los mil millones de pesos, incluyendo seguros, cuotas sindicales y créditos de consumo. Algunas obligaciones se arrastran desde 2022. En la querella, a modo de ejemplo, se indica que sólo en el Programa de Integración Comunal se adeudaban $370 millones en pagos previsionales y de salud.

La parte querellante argumenta que la práctica en la que habría incurrido la administración municipal “vulnera gravemente el derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus remuneraciones -concepto que incluye las cotizaciones previsionales- y altera de manera significativa su red de protección social”. En el escrito se califica además como grave que “tanto las autoridades regionales como nacionales del Ministerio de Educación estaban en conocimiento de esta situación”.

Los denunciantes relatan que la alarma se encendió cuando comenzaron a acumular rechazos. Créditos de consumo, hipotecarios, tarjetas bancarias e incluso contrataciones de servicios básicos fueron denegados tras la revisión de sus antecedentes previsionales. El impacto fue inmediato: junto con el perjuicio económico, describen un fuerte desgaste emocional por el hostigamiento de empresas de cobranza mediante llamados, correos y mensajes. Varios, con cargas familiares, advierten incluso el riesgo de perder cobertura de salud.

Estos hechos fueron denunciados inicialmente ante la Inspección Provincial del Trabajo de Última Esperanza, en mayo de 2023.