Formalización de exalcaldesa de Natales

El próximo 16 de abril, la exalcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo, deberá enfrentar la formalización de cargos por el delito de apropiación indebida de cotizaciones previsionales y de salud, en el Juzgado de Letras y Garantía de Ultima Esperanza. La causa surge a partir de una querella criminal interpuesta por 29 docentes y cuatro asistentes de la educación, quienes denuncian que durante la administración de Oyarzo se realizaron descuentos a sus remuneraciones que nunca fueron enterados a las instituciones correspondientes, acumulando una deuda previsional que supera los mil millones de pesos.

Lo preocupante no es sólo la magnitud del perjuicio económico, sino que este caso no constituye un hecho aislado. La exalcaldesa enfrenta otros procesos judiciales, desde denuncias por fraude al fisco y administración desleal hasta demandas de extrabajadores por despidos injustificados y cuestionamientos sobre la contratación a honorarios.

La historia reciente de Natales muestra que no es la primera autoridad comunal requerida por la justicia: el exalcalde Fernando Paredes, vinculado al caso Luminarias Led, también enfrentó prisión preventiva mientras se investigaba su gestión.

Resulta aún más relevante considerar que Antonieta Oyarzo contaba con una amplia experiencia en la función pública: fue concejala, consejera regional y ocupó diversos cargos en la administración del Estado. Esa trayectoria debería haberla dotado de los conocimientos y herramientas necesarias para gestionar los recursos públicos con transparencia. Que se vean ahora tantas denuncias y “cabos sueltos” no sólo genera dudas sobre su gestión, sino que también evidencia fallas graves en el control institucio nal y en la fiscalización de recursos destinados a los trabajadores y a la comunidad.

El impacto de estos hechos trasciende la esfera legal, ya que los trabajadores afectados sufrieron consecuencias inmediatas en sus vidas cotidianas, con rechazos de créditos, problemas para acceder a servicios básicos y un desgaste emocional significativo. La vulneración de las cotizaciones previsionales y de salud atenta directamente contra la protección social que el Estado garantiza a sus ciudadanos, un daño que no se mide sólo en cifras, sino en calidad de vida y seguridad económica de familias enteras.

Si algo deja en evidencia este caso, es que la experiencia previa en cargos públicos no asegura una gestión responsable, y que la ausencia de control efectivo puede multiplicar los impactos negativos sobre la comunidad.

Natales y sus instituciones enfrentan ahora un desafío doble: sancionar a quienes cometieron irregularidades y reforzar los mecanismos de supervisión para que hechos como estos no se repitan. La transparencia y la rendición de cuentas no son opcionales: son la base para la confianza ciudadana y la salud institucional de cualquier gobierno local.