La revocación del estatus de refugiado político a Galvarino Apablaza por parte de la justicia argentina reactivó el debate en Chile y generó presiones desde la UDI para acelerar su extradición. El gremialismo instó al presidente electo, José Antonio Kast, a priorizar las gestiones una vez que asuma el mando, mientras el Gobierno subrayó que el proceso debe seguir los conductos institucionales.
El fallo de segunda instancia, conocido el sábado, vuelve a abrir la posibilidad de que el exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez sea enviado a Chile, donde es acusado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, ambos ocurridos en 1991.
Desde la UDI, el secretario general Juan Antonio Coloma afirmó que el partido seguirá impulsando acciones para que Apablaza “cumpla su condena en Chile”. En la misma línea, el diputado Felipe Donoso llamó a Kast a “diligenciar la extradición” cuando inicie su mandato.
Pese a las presiones políticas, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reiteró que el Ejecutivo mantiene una postura consistente: que los delitos cometidos en el país sean investigados por tribunales chilenos. No obstante, enfatizó que cualquier extradición debe tramitarse conforme a los procedimientos legales y a través de la Cancillería.
Especialistas advierten que, aunque la revocación del refugio despeja un obstáculo clave, el proceso aún podría enfrentar dificultades jurídicas en Argentina. Con todo, futuras autoridades valoraron la resolución como un avance en una causa que se ha extendido por más de tres décadas.
