“Bono presidencial”: la polémica que incendia la política chilena

La reciente revelación de que el Presidente Gabriel Boric recibió un bono que elevó su remuneración de $7 millones a $10 millones ha desatado una fuerte polémica en la clase política nacional, en un momento en que gran parte de la ciudadanía enfrenta estrechez económica, déficit fiscal y desafíos sociales crecientes.

El incremento se originó en el llamado Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), un mecanismo legal que entrega bonificaciones trimestrales a funcionarios públicos cuando sus instituciones cumplen metas establecidas por la Dirección de Presupuestos (Dipres), lo que en el caso del gobierno significó un 18% adicional sobre las remuneraciones del Presidente.

Desde la presidencia se ha defendido esta práctica, señalando que el mandatario no recibió un trato especial, sino simplemente lo que corresponde “como todos los servidores públicos” y que incluso beneficiarios de administraciones anteriores también accedieron a este tipo de bonos. El exministro Giorgio Jackson, por ejemplo, calificó las críticas como “desinformación” y “clickbait”.

Pero la réplica desde la oposición ha sido vehemente. Diputados de diversas bancadas calificaron el bono como “escandaloso”, “vergonzoso” e “inapropiado”, especialmente en un escenario de déficit fiscal significativo y tensiones en las cuentas públicas. Para varios parlamentarios -como Marlene Pérez (IND-Udi) y Henry Leal (Udi)- el problema principal no es tanto el bono en sí, sino lo que simboliza: un sistema que “premia la permanencia” sin evaluar resultados concretos.

Uno de los críticos más expresivos ha sido el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien anunció que oficiará a la Contraloría General de la República para que clarifique quién evalúa realmente el cumplimiento de metas del presidente y si este tipo de incentivos tiene cabida en la máxima autoridad del país. En su opinión, Boric “debería devolver o reconsiderar” los montos recibidos, dada la falta de un órgano que supervise su desempeño administrativo directamente.

La controversia refleja más que una disputa técnica sobre remuneraciones: expone una tensión más amplia sobre coherencia política y confianza pública. Para críticos, el bono recibo por el Presidente contrasta con las promesas de austeridad, transparencia y reducción de privilegios que caracterizaron su campaña y parte de su gestión. En un contexto donde muchas familias luchan por llegar a fin de mes, que la máxima autoridad perciba un incremento significativo de su salario -aunque legal- abre un debate sobre prioridades, simbolismos y la relación entre dirigentes y ciudadanía.