Colegio de Profesores advierte impacto de prohibir celulares a docentes

En el marco de los dichos del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y respecto de la prohibición general del uso de celulares también para docentes, la presidenta regional del Colegio de Profesores en Magallanes, Alicia Aguilante Vargas, manifestó su inquietud por las implicancias que una medida de este tipo tendría en el trabajo pedagógico cotidiano, especialmente en contextos donde la conectividad no está plenamente asegurada.

La presidenta del gremio fue enfática al señalar que “nos parece preocupante una prohibición general del uso de dispositivos tecnológicos también para docentes. En la práctica escolar actual, muchos profesores utilizan sus propios celulares para compartir internet, acceder a plataformas educativas, proyectar contenidos, registrar asistencia o responder a necesidades pedagógicas urgentes”.

En su declaración, la dirigenta planteó que el uso de estos dispositivos no responde a una práctica antojadiza, sino a una necesidad concreta derivada de las condiciones reales en que se desarrolla la labor educativa. “Prohibir el uso de celulares a docentes sin garantizar conectividad y recursos tecnológicos suficientes, desconoce la realidad de las escuelas. En muchos casos somos los propios profesores quienes aportamos Internet y herramientas digitales para que la clase funcione”, afirmó.

Aguilante Vargas contextualizó esta situación en la realidad regional, donde las brechas digitales siguen siendo un desafío. “En regiones como Magallanes, donde la conectividad no siempre está garantizada por los establecimientos, esta herramienta se vuelve muchas veces indispensable para sostener clases con apoyo tecnológico”, indicó, aludiendo a establecimientos que dependen de soluciones informales o del esfuerzo personal del profesorado para acceder a plataformas, descargar materiales o resolver contingencias pedagógicas en tiempo real.

La presidenta regional advirtió que cualquier regulación debe considerar las condiciones estructurales del sistema educativo antes de establecer restricciones generales. Agrega que regular el uso puede ser razonable, pero prohibirlo sin asegurar previamente infraestructura digital adecuada traslada al profesorado la responsabilidad de una brecha que es estructural y del sistema.

En ese sentido, la dirigenta sostuvo que las decisiones en materia educativa deben apuntar a fortalecer el trabajo en el aula y no a generar nuevas limitaciones. “Si el Estado prohíbe herramientas que hoy los docentes financian de su propio bolsillo debe garantizar las condiciones para realizarlas. Las decisiones sobre educación deben mejorar las condiciones para enseñar, no dificultarlas. Una vez más tomando decisiones sin el profesor de aula presente en la mesa”, concluyó.