Residencia definitiva para niños y adolescentes migrantes tarda más de dos años

Un niño migrante que solicita residencia definitiva en Magallanes debe esperar en promedio dos años y un mes para obtener una respuesta del Servicio Nacional de Migraciones. Así lo revela el Documento de Trabajo N°10 del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, publicado el 19 de febrero de 2026, que analiza los tiempos de tramitación de los procesos migratorios que afectan a niños y adolescentes en el país.

El informe evidencia que, si bien las residencias humanitarias han reducido sus tiempos de tramitación en los últimos años en todo el país, otros procedimientos presentan demoras significativas que pueden superar los dos años de duración, situación que también afecta a los niños, niñas y adolescentes de la región.

En el caso de las residencias humanitarias para niños y adolescentes, el promedio nacional entre la solicitud y la resolución alcanzó 126 días, lo que equivale a 4,2 meses. En Magallanes, este trámite se ha agilizado con el paso de los años: en 2022 demoraba 153 días (cinco meses), en 2023 bajó a 129 días (cuatro meses) y en 2024 llegó a 125 días (cuatro meses), con un promedio regional para el periodo de 141 días. A nivel nacional, entre 2022 y 2024 se registró un aumento relevante de casos, de 9.029 a más de 55 mil, junto con una disminución en los tiempos promedio, que bajaron de 152 a 121 días. El documento explica que “las regiones que cuentan con mayor duración del proceso son Los Ríos (199 días) y Aysén (174 días)”, lo que sitúa a Magallanes por debajo de esos valores.

La reunificación familiar muestra un aumento sostenido en los tiempos de tramitación en el país. Entre 2022 y 2024 el promedio nacional pasó de 142 a 353 días, alcanzando un promedio general de 299 días, es decir, 9,9 meses. En Magallanes, sólo se cuenta con registro para 2024, cuando la espera alcanzó los 388 días, lo que equivale a casi trece meses. El documento señala que los niños, niñas y adolescentes de nacionalidad boliviana presentan un promedio de días mayor a otras nacionalidades alcanzando un promedio de 437 días. El procedimiento es especialmente prolongado en solicitudes realizadas desde dentro del país, donde puede alcanzar en promedio 17 meses.

En Magallanes

Por su parte, las residencias definitivas presentan los plazos más extensos a nivel nacional, con un promedio de 770 días entre 2022 y 2024, lo que equivale a 25,6 meses. En Magallanes, la espera para niños y adolescentes es aún mayor: 802 días en 2022, 859 en 2023 y 705 en 2024, con un promedio regional de 789 días, esto es, más de dos años y un mes. Si bien los tiempos disminuyeron de 819 a 645 días entre 2022 y 2024 en el país, la duración continúa siendo elevada. En este tipo de residencia, la mayor demora se concentra entre el acogimiento a trámite y la resolución final, fase que a nivel nacional toma en promedio 456 días.

El análisis también revela que, al igual que en el resto del país, los tiempos de tramitación varían según la nacionalidad. A nivel nacional, los niños y adolescentes de nacionalidad haitiana presentan un promedio de días mayor a otras nacionalidades alcanzando un promedio de 892 días en residencias definitivas.

La Defensoría de la Niñez advierte que estos tiempos prolongados pueden afectar el ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho a la identidad, al debido proceso y al acceso oportuno a servicios y protección social. En este contexto, el organismo subraya la necesidad de fortalecer la gestión administrativa, reducir los cuellos de botella identificados e incorporar un enfoque de derechos de la niñez en los procedimientos migratorios.

El documento de Trabajo N°10 se enmarca en el seguimiento que realiza la institución a los procedimientos administrativos que impactan directamente en la garantía de derechos en contextos de movilidad humana. El análisis correspondiente a Magallanes fue elaborado a partir de los microdatos entregados por el Servicio Nacional de Migraciones, en el marco del proceso regular de solicitud de información que realiza el Observatorio de Derechos.