Cable China-Chile: cuando la opacidad conecta a Chile con la sanción

La decisión anunciada la mañana del viernes por el gobierno de Estados Unidos —revocando visas y prohibiendo el ingreso a tres altos funcionarios del Gobierno de Chile— no puede leerse como un episodio aislado ni como una mera “diferencia diplomática”. Es una sanción explícita. Y, más grave aún, es una señal política inequívoca: en Washington se percibe que decisiones del Ejecutivo chileno han puesto en riesgo intereses estratégicos de seguridad regional.

Aunque los detalles no han sido plenamente transparentados, el comunicado del Departamento de Estado —firmado por Marco Rubio— sostiene que estos funcionarios habrían respaldado acciones que “comprometieron infraestructura crítica y erosionaron la seguridad regional”. Ese lenguaje no es casual ni burocrático; es el vocabulario de la desconfianza estratégica.

La medida se produce en el contexto de una de las decisiones más controvertidas de los últimos años: el proyecto de cable submarino directo entre Chile y China. Una iniciativa de enorme magnitud geopolítica, impulsada sin debate público serio, sin explicaciones convincentes y con una Cancillería sin carácter ni capacidad analítica para influir y anticipar estos eventos para el Estado chileno.

Hace meses advertí —en una columna publicada en El Líbero— los riesgos de avanzar en proyectos de esta envergadura sin una evaluación rigurosa de sus implicancias estratégicas. Ninguna infraestructura crítica puede gestionarse como si fuera un simple negocio comercial. Menos aún cuando se inserta en la disputa tecnológica y de poder entre las principales potencias del mundo. El secretismo, en estos casos, no es prudencia: es irresponsabilidad.

Lo ocurrido demuestra que las advertencias no eran retóricas. El escepticismo frente al cable China–Chile era no solo legítimo, sino indispensable. La actuación de Subtel y el silencio de Cancillería no son simples omisiones administrativas; son fallas políticas de primer orden. Y hoy esas fallas tienen consecuencias concretas.

La sanción también refleja el manejo deficiente del gobierno de Gabriel Boric en materia internacional. Donde debió haber transparencia y construcción de consensos, hubo opacidad. Donde se requería visión de Estado, hubo improvisación. El resultado es evidente: en vez de fortalecer la posición internacional de Chile, se debilitó nuestra credibilidad y se proyectó una imagen de fragilidad institucional.

Este episodio debería obligarnos a una reflexión más profunda. Chile no es un actor periférico. Somos puerta natural al Asia-Pacífico, custodios de rutas estratégicas y poseedores de recursos críticos para la economía global. Administrar esa posición con mentalidad de los noventa o con lógica meramente comercial es desconocer la cancha en la que estamos jugando.

Autonomía estratégica no significa alineamiento automático ni gestos ideológicos de confrontación. Significa comprender nuestro valor y negociar desde nuestros propios intereses. Significa anticipar escenarios, construir acuerdos internos y actuar con transparencia. Lo contrario —canjear recursos, territorio o decisiones estratégicas por beneficios políticos menores o intereses corporativistas— es hipotecar el futuro.

El próximo gobierno debería negociar de inmediato con Google la incorporación de Isla de Pascua y Juan Fernández al cable Humboldt. Si ello no ocurre, Chile deberá considerar integrarlas al trazado con China. Lo que resulta inaceptable es la omisión actual. Que el Directorio de Desarrollo País no haya exigido esa incorporación revela una mirada excesivamente financiera y carente de comprensión geopolítica. Sus miembros debiesen dejar sus cargos, así de simple.

Nada de esto es accidental. Responde a una matriz donde pesa más un antitrumpismo simplista —elevado a categoría moral— que una estrategia de largo plazo. Se ha confundido política exterior con señalización ideológica. Y en ese error, Chile pierde margen, pierde credibilidad y pierde autonomía.

La política exterior no admite improvisaciones ni consignas. Tiene costos. Hoy esos costos se expresan en sanciones y en una posición internacional debilitada. Chile merece una diplomacia madura, estratégica y transparente, centrada exclusivamente en su soberanía e intereses permanentes.

La opacidad conecta cables. Pero también conecta consecuencias.

ellibero.cl