La inseguridad erosiona la vida urbana

Lo que ocurre en la calle Errázuriz no es sólo el problema puntual de un grupo de locatarios. Es el síntoma visible de un fenómeno más profundo, dado por el deterioro progresivo del espacio público. Ello, como fruto de un Estado que -en sus distintos niveles- llega tarde, llega poco o simplemente no logra coordinarse. Lo preocupante no es únicamente la denuncia de desórdenes, insalubridad e intimidaciones, sino la persistencia de estos hechos durante más de dos años sin una solución estructural.

El testimonio de comerciantes que han perdido hasta el 90% de sus ventas revela una dimensión muchas veces subestimada en el debate sobre seguridad: el impacto económico directo. La inseguridad no sólo altera la convivencia; también apaga vitrinas, espanta clientes y termina expulsando actividad comercial. Cuando eso ocurre en arterias tradicionales, el daño no es individual, es urbano. El centro deja de ser centro y se transforma en zona de tránsito rápido o, peor aún, en territorio evitado.

La situación descrita -consumo de alcohol en la vía pública, amenazas, suciedad constante y riñas- muestra un círculo vicioso conocido y que se reitera. Se registran incivilidades, intervenciones policiales acotadas, retiro momentáneo y retorno posterior. La explicación institucional suele ser la misma: sin delito flagrante no hay detención. Aquello puede ser cierto, pero también lo es que la legalidad vigente no puede convertirse en excusa para la inacción prolongada. El orden público no depende sólo de detenciones, sino de gestión territorial, fiscalización sostenida y políticas sociales complementarias.

Aquí emerge un punto clave. Los locatarios han sido explícitos en señalar que no buscan estigmatizar a personas en situación de calle. Esa distinción es fundamental. Confundir seguridad con exclusión social es un error frecuente que paraliza decisiones.

El caso del kiosco señalado como foco del conflicto ilustra otra debilidad habitual: la burocracia. Cartas formales, firmas, solicitudes y espera. Mucha espera. La misiva enviada al alcalde Claudio Radonich refleja un recurso legítimo de participación ciudadana. Pero cuando la respuesta institucional no llega con la rapidez que exige el deterioro cotidiano, la percepción de abandono se instala.

No es un asunto menor tratándose del casco histórico de Punta Arenas. Los centros urbanos son indicadores sensibles de la salud cívica de una comuna. Allí se concentra comercio, patrimonio, tránsito y memoria colectiva. Si el corazón se deteriora, todo el organismo urbano lo siente.

El rol de Carabineros de Chile y de la seguridad municipal resulta indispensable, pero insuficiente si actúa en solitario. La experiencia comparada demuestra que los problemas persistentes en el espacio público sólo se resuelven con estrategias integrales: iluminación adecuada, recuperación de fachadas, fiscalización efectiva, programas sociales focalizados, mediación comunitaria y presencia estatal constante. No es una medida; es un sistema.

Quizás, el mayor riesgo de todo esto es la normalización. Cuando vecinos dicen “no es vida”, están marcando un umbral crítico. Ese punto es el momento exacto en que un barrio comienza a perder su tejido social. Después vienen los cierres de locales, luego los inmuebles vacíos y finalmente la degradación estructural. Recuperar un sector en esa etapa cuesta mucho más que haber actuado a tiempo.