“Los migrantes tienen mucho miedo a las expulsiones”

Un aumento sostenido de consultas por regularización migratoria, mayor incertidumbre frente a órdenes de abandono y un creciente número de empleadores con dudas respecto de los requisitos exigidos por el Estado forman parte del escenario que hoy observa el Instituto Católico Chileno de Migración (Incami), de la Diosesis de Punta Arenas, según detalló su representante, Vanessa Guerrero.

La trabajadora social y asesora de trámites en la Pastoral de Migraciones planteó que como institución han solicitado considerar un proceso de regularización. “Siempre supimos que el empadronamiento era un proceso, más que nada, de toma de conocimiento de cuántas son las personas que se encuentran en Chile, más no una regularización propiamente tal”.

No obstante, reconoció que el proceso generó expectativas. “Sí, estaba la esperanza y la ilusión de que pudiese llevar a eso, a que quienes se empadronaran y cumplieran con todos los requisitos, pero nos deja un poco tristes y con desesperanza”.

En Punta Arenas, la demanda de orientación se concentra casi exclusivamente en la obtención de papeles. “Yo creo que de 1.500 atenciones que tenemos al año, la mayoría tiene que ver con solicitudes de cómo poder tener papeles para poder regularizarse. Estoy casi segura de que un 95% de las consultas son para cómo poder tener papeles en Chile para trabajar”. Añadió que el resto corresponde a consultas específicas sobre servicios o temas sociales, pero que el eje central es el acceso a documentación para desempeñarse laboralmente.

Muchos de quienes acuden a la oficina no cumplen los requisitos vigentes. “Muchos se van con una respuesta negativa, porque efectivamente no cumplen requisitos, pero al menos se van con la posibilidad de iniciar una planificación que les permita entonces, lo más rápido posible, ver cómo cumplir estos requisitos, ya sea a través de una oferta laboral, un contrato, lo que se les pueda presentar”.

En paralelo, han aumentado las dudas de empleadores. “En este último tiempo hemos tenido hartas consultas de empleadores que no entienden por qué el Estado les solicita documentos como la carpeta tributaria”, expresa. A su juicio, exigir ese tipo de antecedentes genera cuestionamientos y pone más trabas al proceso.

Expulsiones

Respecto del clima que se percibe entre las personas migrantes, reconoce “Sí, tienen miedo a las expulsiones”. Añadió que cuando una persona ingresó por paso habilitado y no cumple los requisitos para regularizarse, tras el rechazo de la solicitud recibe una orden de abandono con treinta días para salir del país. “El temor que tienen las personas hoy en día, tanto por paso habilitado como por no habilitado, es el de la expulsión que tanto se escuchó en el periodo de campaña de las elecciones presidenciales”.

La incertidumbre también ha generado un aumento de casos de personas que caen en manos de tramitadores. “Las personas nos han dicho, y una sola persona me puede decir a mí que yo sí estoy trabajando para regularizarme, tristemente caen en su engaño, les creen, pero es por la desesperación también de lo que se viene”. En el último trimestre, afirmó, han recibido más personas con trámites mal realizados y pagos efectuados por gestiones que no prosperaron.

En cuanto a los perfiles migratorios, enfatizó que no sólo existen casos de ingresos por pasos no habilitados. “Hay mucho extranjero que está como turista en Chile o que entró de manera regular por avión, frontera, timbrando su pasaporte, que lleva años irregulares en Chile y está esperando la posibilidad de una regularización, que para ellos no llega tampoco”. Precisó que el empadronamiento consideró únicamente a quienes ingresaron por pasos no habilitados, dejando fuera a quienes permanecen con visa de turismo vencida.

También explicó que los requisitos varían según nacionalidad. En el caso de Argentina, indicó que existe una visa Mercosur que requiere pasaporte y antecedentes penales, mientras que otras nacionalidades necesitan contrato de trabajo y deben postular desde fuera de Chile. A ello se suman costos económicos. “Una visa por ejemplo de Argentina cuesta 250 dólares, una visa de Ecuador cuesta 450 dólares”, detalló, agregando que además existen multas que pueden ir desde 30 mil hasta 270 mil pesos según el tiempo de permanencia irregular.

“Los esfuerzos de Incami, los llamados como Iglesia a la política también han sido constantes y siempre ha estado promoviendo la posibilidad de una regularización”, afirmó, insistiendo en que permitir regularizar a quienes cumplen requisitos sería “beneficioso en todos los aspectos para todos, no solo para la unidad de que esperan la oportunidad, sino también para el Estado”.