Abogada querellante asegura que correos acreditan conocimiento de Oyarzo sobre deuda y trabajadores afectados

• Junto a su colega Wladimir Chávez llevan la causa por apropiación indebida de las cotizaciones previsionales y de salud en contra de la exalcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo Alvarado, quien será formalizada en abril.

En conversación con El Natalino, la abogada laboralista Camila Melero Cabello explicó las razones detrás de la querella presentada por 33 trabajadores de la educación, anteriormente pertenecientes a la Corporación Municipal de Natales, por la cual en abril la exalcaldesa Antonieta Oyarzo será formalizada por el delito de apropiación indebida de cotizaciones previsionales y de salud.

En dicha querella se relata que la Cormunat realizó mensualmente los descuentos por concepto de AFP y salud (Fonasa/Isapre) desde sus liquidaciones, pero no enteró esos montos en las instituciones correspondientes.

Se estima que la deuda previsional acumulada supera los miles de millones de pesos, incluyendo seguros, cuotas sindicales y créditos de consumo. Algunas obligaciones se arrastran desde 2022. La parte querellante argumenta que la práctica en la que habría incurrido la administración municipal “vulnera gravemente el derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus remuneraciones —concepto que incluye las cotizaciones previsionales— y altera de manera significativa su red de protección social”. En el escrito se califica además como grave que “tanto las autoridades regionales como nacionales del Ministerio de Educación estaban en conocimiento de esta situación”.

– ¿Tienen ustedes una estimación final del perjuicio económico total causado a la Corporación Municipal y al Municipio de Natales durante su administración? ¿De qué cifras estamos hablando?

– “Respecto de todas ellas, a grosso modo, del Programa de Integración Escolar, la deuda era de $370 millones. Aquí estamos hablando no solo de cotizaciones de salud y de AFP, sino también de los créditos que se solicitan a las entidades y a la caja de compensación, además de otros retiros y descuentos voluntarios que se les hacen a los trabajadores. Aproximadamente son 370 millones, los cuales, con multas e intereses, se triplican. Al día de hoy, llevamos como en mil millones de pesos.

– Respecto a las cotizaciones previsionales, los descuentos se hicieron en las liquidaciones de los funcionarios. ¿Han podido trazar adónde fue a parar ese dinero si no llegó a las AFP? ¿Se utilizó para ‘tapar hoyos’ en otras áreas?

– “El delito de apropiación indebida es apropiarse de algo que tenía un fin específico en la norma. Este dinero es parte de la remuneración del trabajador e ingresa en propiedad del trabajador. El empleador tiene un permiso establecido por ley para descontar este dinero, pero con el único fin de enterarlo a las entidades de seguridad social, ya sea AFP o Salud.

Ese es el único fin para el cual el empleador lo descuenta. Si lo descuenta de la remuneración, es decir, de la propiedad del trabajador, no puede utilizarlo para otros fines, ¿me entiende?, en ningún otro. Ni siquiera estamos diciendo que el dinero salió de las arcas de la municipalidad o de la corporación, sino que no se utilizó para lo que la ley establece que debe ser utilizado (…) El delito no es que Antonieta se haya llevado el dinero para su casa, sino que no lo enteró a las entidades de seguridad social donde debiese estar enterado el dinero”.

– ¿Existe evidencia documental (correos, memos, actas) que demuestre que la exalcaldesa estaba en pleno conocimiento de que se estaba generando esta deuda previsional y, aun así, no ordenó regularizarla?

– “Sí, mis representadas tuvieron conversaciones con la autoridad, con la administración de la comunidad, en las que se llegaban a acuerdos futuros que nunca se concretaron.

Después se interpuso una denuncia en la Inspección del Trabajo, donde también la personalidad jurídica y la representante era Antonieta Oyarzo, y también existen correos electrónicos donde se le comunica que existe esta deuda previsional. Entonces, aparte de las comunicaciones que obviamente había con su personal administrativo, específicamente con Cristian Andrade, que era el jefe de Administración y Finanzas de la Cormunat y que finalmente atendía a las personas a las que se les adeudaban estas cotizaciones, les decía, en el fondo: estoy hablando con la alcaldesa, se van a reintegrar esos fondos a la brevedad posible, remontando a finales del año 2022. Entonces, uno podía presumir que existía un conocimiento por parte de la alcaldesa, pero también existen correos de 2023, donde específicamente se le indica que hay una deuda previsional, los meses y las personas a las que abarca”.

– Considerando la reiteración de los hechos y los montos involucrados, ¿qué penas de cárcel arriesga la exalcaldesa Oyarzo en caso de ser condenada?

– “La Fiscalía solicitó la formalización por apropiación indebida y está pidiendo presidio menor en su grado medio, que va de 530 días a tres años de presidio, pero también deben considerarse atenuantes u otras circunstancias modificatorias de la responsabilidad, Antonieta. Entonces, para ver cuál sería efectivamente la pena, o si también existe la posibilidad de salidas alternativas (…). La verdad es que esto recién comienza.

Llevamos dos años de una investigación desformalizada, pero nos quedan por lo menos dos o tres años de juicio, o de alguna salida alternativa, si es que la exalcaldesa aceptara”.

– ¿Cuánto tiempo podría extenderse esta investigación o este juicio contra Antonieta Oyarzo?

– “El plazo de investigación, por ejemplo, puede ir de 30 a 180 días. Solo el plazo de investigación se fijará en la audiencia de formalización del 16 de abril. Ahí solamente ya tendríamos seis meses. Creo que esto fácilmente se podría demorar dos años más. Y es cosa de mirar cómo se han llevado a cabo procesos similares con el exalcalde Fernando Paredes, por ejemplo, los cuales llevan cuatro años de litigio”.

– ¿La responsabilidad penal se agota en la exalcaldesa o la querella busca perseguir también a los directivos de la Cormunat y Finanzas que ejecutaron estas órdenes?

– “Bueno, la querella está interpuesta en contra de Antonieta Oyarzo y de todas las demás personas que puedan ser responsables de este tipo penal, ya sea en su calidad de autores o coautores, sean funcionarios públicos o no. Esto es muy importante. En el caso de la alcaldesa, ella es funcionaria pública, pero todo el demás personal de la Cormunat, estoy hablando de la secretaria general de la época, del jefe de Administración y Finanzas, quienes tenían comunicaciones con las trabajadoras, no tienen, en estricto rigor, la calidad de funcionarios públicos, pero aun así la ley los hace responsables ante este tipo de delitos”.