Concejo aprobó nuevas tarifas en el vertedero municipal en medio de un tenso debate sobre el cobro del derecho de aseo

El Concejo Municipal de Natales aprobó la implementación de nuevas tarifas de cobro en el vertedero comunal, en una votación que se vio opacada por un encendido intercambio entre el concejal Ricardo Urtubia y la alcaldesa Ana Mayorga en torno a la postergada aplicación del derecho de aseo domiciliario, una obligación legal que este municipio aún no cobra de manera universal y que, según Urtubia, representa uno de los déficits estructurales más críticos de sus finanzas.

Las nuevas tarifas, promovidas por la Dirección de Medio Ambiente, establecen cobros diferenciados según el tipo de residuo ingresado al vertedero: 0,08 UTM por metro cúbico de residuos domiciliarios compactados; 0,1 UTM por cartón y papel de origen comercial o industrial; 0,08 UTM por residuos orgánicos vegetales como pasto, restos de poda y ramas; y 0,1 UTM por residuos voluminosos como colchones, somieres, alfombras y muebles.
Según explicó la secretaria municipal suplente, Catherine Cárcamo, estos cobros responden a la necesidad de regular el ingreso de materiales que hoy entran disfrazados de basura domiciliaria y que generan daños considerables en el vertedero, incluidos los reiterados incendios que ha sufrido el recinto.

“Solución de parche”

Quien abrió el debate fue el concejal del Partido de la Gente, Ricardo Urtubia, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, quien aprobó la medida, pero no sin antes calificarla de insuficiente y coyuntural. Para Urtubia, el verdadero problema de fondo es que Natales es uno de los pocos municipios que no cobra el derecho de aseo domiciliario en forma universal, lo que genera un déficit estructural que ronda los 1.000 millones de pesos anuales, mientras los ingresos por ese concepto apenas alcanzan los 150 millones.

El concejal argumentó que actualmente solo pagan ese derecho quienes tienen patentes comerciales o contribuciones, quedando fuera del sistema un universo estimado de más de 11.000 predios. “Mientras el vecino no esté pagando, dice: ‘No, si el alcalde me lo está dando gratis’. Y tenemos un desorden total”, sentenció. Como ejemplo de gestión eficiente, citó el caso de Puerto Williams, donde con ingresos propios de 400 millones de pesos se financia íntegramente el sistema de reciclaje.

Urtubia también remarcó la jurisprudencia reciente en la materia: “Hace poco ya han destituido a un alcalde por no haber cobrado los derechos de cantera de árido porque producen un perjuicio”, advirtió, haciendo alusión a la responsabilidad legal que recae sobre la primera autoridad comunal. Fue tajante al solicitar que sus palabras quedaran consignadas en acta: el municipio estaría en incumplimiento de la Ley de Rentas Municipales.

La alcaldesa
defendió el proceso

La alcaldesa Ana Mayorga rechazó categóricamente la interpretación que hizo Urtubia de sus palabras. Explicó que para modificar la ordenanza de cobro existe un procedimiento legal que obliga a trabajar el tema en octubre de cada año, para que los nuevos cobros entren en vigencia desde enero del año siguiente. Por ello, indicó que las comisiones de Finanzas y Medio Ambiente tienen plazo hasta octubre para desarrollar la propuesta definitiva.

“Usted está equivocado, concejal (…) Lo vamos a abordar en las dos comisiones de Finanzas y Medio Ambiente para que los cobros sean a partir de enero del próximo año”, reiteró la alcaldesa.

La jefa comunal también defendió la gestión realizada durante 2025, señalando que ese año estuvo íntegramente dedicado a ordenar las finanzas municipales heredadas de la administración anterior: pago de deudas, ordenamiento presupuestario y resolución de problemas administrativos. “Cuando uno llega a una casa, lo primero que tiene que hacer es ordenar administrativamente”, sostuvo. Añadió que ya cuentan con maquinaria operando en el vertedero y que próximamente presentarán al Concejo una propuesta para entregar el recinto a una administración y regular el funcionamiento del relleno sanitario, lo que también incluirá un esquema de cobros.

Aprueban con exigencias

Pese a la tensión del debate, los seis concejales presentes aprobaron las nuevas tarifas sin votos en contra, aunque cada uno condicionó su respaldo a mejoras concretas. El concejal socialista José Cuyul pidió que, si se cobra, el servicio de recolección mejore en calidad: “No es llegar y cobrar por cobrar y seguir igual. Quiero camiones que realmente valgan la pena”. Jorge Ruiz, en tanto, respaldó el cobro y solicitó mayor frecuencia de los camiones Porter hacia el vertedero, recordando que con los fondos no recaudados bien podrían haberse mantenido servicios como la farmacia comunal.

El concejal radical Alfredo Alderete llamó a la calma y a no dramatizar el cobro: “Aquí no es un cobro catastrófico que vaya a perjudicar el sistema económico de cada casa”, y añadió que las personas mayores y quienes tienen subsidio habitacional quedarían protegidos por la ley. La concejala Luz Levicoy, por su parte, exigió una comunicación clara a la comunidad: que la información se difunda en redes sociales, explicando los montos no solo en UTM, sino también en pesos, para que los vecinos comprendan el alcance del cobro.

Mientras que el republicano Alejandro Cárdenas aportó una precisión técnica relevante: aclaró que los 1.000 millones mencionados por Urtubia corresponden al costo total del servicio de extracción, no a los ingresos esperados si se cobra de manera universal. “Sáquese de la cabeza que se obtienen 1.000 millones. A lo mucho se llega a 200 millones cobrándole a casi el 50% de la comuna”, afirmó, enfatizando que ello representa apenas una quinta parte del costo real y que el municipio igualmente deberá subsidiar la diferencia. Con todo, manifestó su interés en que de aquí a octubre se construya una ordenanza de cobro seria y debidamente socializada.