Reajuste en transporte público: adultos mayores serán los más afectados
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció que, a partir de este sábado, las tarifas del transporte público mayor en Punta Arenas experimentarán un reajuste. Esta medida forma parte del proceso gradual de descongelamiento de precios que la cartera impulsa a nivel nacional y, aunque tiene fundamentos económicos claros, su impacto recae con mayor fuerza sobre un grupo particularmente vulnerable: los adultos mayores.
Con el nuevo esquema, el pasaje adulto en los servicios más utilizados aumentará alrededor de $40. Para los adultos mayores, la tarifa promedio alcanzará los $230 a $250 según el tramo de los recorridos. Estos incrementos, aunque modestos en cifras absolutas, representan un porcentaje significativo en los ingresos de quienes viven de pensiones fijas, muchas veces insuficientes para cubrir los costos básicos del transporte, la alimentación y la atención médica.
El seremi Alejandro Goich ha destacado que la decisión busca asegurar la sostenibilidad del sistema y el uso responsable de los recursos fiscales. Sin embargo, es innegable que los adultos mayores, quienes dependen del transporte público no solo para sus actividades cotidianas, sino también para mantener vínculos sociales y acceder a servicios de salud, serán los que más sentirán la presión económica de este ajuste.
El mecanismo de cálculo de las tarifas, que considera factores como el valor del diésel, el tipo de cambio y la inflación, demuestra que el reajuste no es arbitrario. No obstante, la actualización automática de precios muchas veces ignora la realidad de quienes tienen menor capacidad de adaptación financiera. Si bien estudiantes y trabajadores activos también enfrentan aumentos, cuentan con alternativas como subsidios, movilidad universitaria o ingresos variables que permiten absorber mejor los incrementos.
Esta situación plantea un dilema: cómo mantener la sustentabilidad del transporte público sin que ello signifique un sobrecosto para quienes menos recursos tienen. Los adultos mayores de Punta Arenas no pueden permitirse una pérdida adicional de poder adquisitivo, y es aquí donde el Estado debería implementar medidas compensatorias más efectivas, como mayores subsidios específicos, programas de transporte comunitario o beneficios integrales que mitiguen el impacto real de estas alzas.
El reajuste de $40 puede parecer menor en la teoría, pero en la práctica representa la diferencia entre poder desplazarse con tranquilidad o verse obligado a reducir viajes esenciales, un costo social que no debería subestimarse. En un contexto donde la población envejece y la movilidad se vuelve crítica para la autonomía de los adultos mayores, las decisiones sobre tarifas deben acompañarse de políticas de protección que garanticen que la sostenibilidad financiera del sistema no se logre a costa de los más vulnerables.
Punta Arenas, al igual que otras ciudades del país, enfrenta el desafío de equilibrar eficiencia económica y equidad social. El aumento anunciado es un recordatorio de que cualquier política pública, aunque técnicamente justificable, debe contemplar medidas compensatorias para quienes, en la práctica, sienten primero y más fuerte sus efectos. El transporte público no es solo un servicio, ya que es un derecho que conecta, protege y dignifica, y su acceso no puede depender exclusivamente de la capacidad de pago de los usuarios.
