Caballos del exClub Hípico y la urgencia de planificar antes de actuar

La ratificación del desalojo del exClub Hípico de Punta Arenas por parte del Serviu pone nuevamente en evidencia un problema que va más allá del marco legal respecto de la falta de planificación y de diálogo con quienes se ven directamente afectados. La decisión de exigir el abandono total del recinto deja a 34 caballos en una situación de extrema vulnerabilidad, sin un lugar donde ser trasladados ni los recursos para garantizar su cuidado.

Es cierto que la expropiación del inmueble es un proceso público y que los plazos fueron notificados con anticipación. Pero notificar no es lo mismo que coordinar soluciones. La ausencia de un plan de reubicación o de medidas transitorias para los animales demuestra que se ha privilegiado la legalidad formal sobre el bienestar de seres vivos que dependen completamente de la intervención humana. Los caballos no pueden esperar a la burocracia. Ellos necesitan espacio, alimento y refugio, y sus dueños requieren apoyo logístico y financiero para trasladarlos.

Resulta llamativo que propuestas intermedias, como la de los propios propietarios de mantener el cuidado del recinto mientras se desarrollaba el proyecto “Central Park” magallánico, hayan sido desestimadas sin mayor negociación. La sensación que queda es que faltó un diálogo previo que permitiera anticipar estos problemas, identificar alternativas y evitar la angustia que hoy viven los criadores. La autoridad debió considerar no solo la legalidad del proceso, sino también las implicancias humanas y logísticas de su aplicación.

El desalojo sin plan de contingencia no solo pone en riesgo a los animales, sino que también genera una tensión innecesaria con la comunidad local, que observa con preocupación cómo un espacio histórico de la ciudad se transforma en fuente de conflicto. Situaciones como esta deberían ser una lección en cuanto a que ninguna decisión administrativa, por justa que sea jurídicamente, puede desligarse de su impacto práctico y social.

La esperanza ahora es que, antes de que se ejecute el uso de la fuerza pública, se abra una vía de coordinación que permita trasladar a los caballos con seguridad y ofrecer soluciones transitorias a los criadores. La cordura y la previsión son el único camino para que el cumplimiento de la ley no se transforme en una tragedia anunciada.