Investigación internacional apunta al entorno de Mohamed Al-Fayed por abusos y trata de mujeres

Las autoridades de Reino Unido y Francia avanzan en investigaciones que vuelven a situar en el centro al fallecido empresario Mohamed Al-Fayed, acusado de haber sostenido durante décadas un sistema de abusos sexuales y, en el caso francés, de presunta trata de mujeres. Según antecedentes entregados por la policía británica a la AFP, al menos 154 víctimas han denunciado agresiones atribuidas al magnate, muerto en 2023 a los 94 años.

Las acusaciones tomaron nueva fuerza tras una investigación publicada en 2024 por la BBC, que recogió testimonios de mujeres que aseguran haber sido violadas o agredidas sexualmente mientras Al-Fayed era propietario de Harrods y del Ritz de París. Los relatos describen un patrón reiterado: selección de empleadas jóvenes, ascensos aparentes, citaciones privadas y un entorno laboral dominado por el miedo y el silencio.

En Francia, tras la muerte del empresario, varias víctimas acudieron a la justicia, que abrió una investigación a cargo de una unidad especializada en trata de blancas, ampliando el foco más allá de Al-Fayed y poniendo atención en su círculo cercano. Algunas denunciantes relatan haber sido trasladadas entre países, privadas de documentos y sometidas a controles médicos invasivos, prácticas que —según especialistas— podrían configurar un sistema organizado de explotación.

Exempleadas y antiguos miembros de seguridad han señalado la existencia de cámaras ocultas y escuchas internas, además de conocimiento previo de los abusos por parte de personal del entorno del magnate. “Era una cultura del miedo que alcanzaba a todos los niveles”, relató una víctima, mientras otra recordó que las trabajadoras se advertían entre sí ante la posibilidad de ser llamadas a la oficina del empresario.

Las abogadas de las denunciantes comparan el caso con el de Jeffrey Epstein, por la combinación de poder económico, redes de facilitadores y acuerdos de confidencialidad que habrían permitido el encubrimiento durante años. Aunque muchos de los hechos estarían prescritos, las investigaciones buscan determinar responsabilidades penales aún vigentes y establecer el rol de quienes habrían colaborado u omitido denuncias. Para las víctimas, el proceso representa, al menos, un reconocimiento judicial largamente postergado.