Documento histórico solicitado por el juez entrampa giro de los $21 mil millones por expropiación del Club Hípico

• Pese a que la toma de posesión material se encuentra decretada, aún está pendiente de ser ejecutada, debido a la presencia de ocupantes, entre ellos 34 caballos pertenecientes a 23 propietarios distintos.

La obtención de la inscripción original de dominio de 1912, documento indispensable para verificar la propiedad, tiene entrampado el pago de los $21 mil millones de la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas.

Según el Conservador de Bienes Raíces local no es posible entregar la inscripción desde sus archivos locales, ya que los registros anteriores a 1974 se encuentran resguardados en el Archivo Nacional, lo que introduce una demora adicional en el proceso. El trámite tiene un costo aproximado a los 90 mil pesos.

Esto se enmarca en una serie de diligencias previas al pago ordenadas por el juez Claudio Jara, titular del Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, en línea con un acta emitida por la Corte Suprema. Entre ellas, acreditar la vigencia de la inscripción de dominio y confirmar que el inmueble se encuentra al día en el pago de contribuciones. Este último requisito ya fue cumplido mediante certificados del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República.

Aunque la toma de posesión material se encuentra decretada, aún está pendiente de ser ejecutada, debido a la presencia de ocupantes, entre ellos 34 caballos pertenecientes a 23 propietarios distintos.

Según el presidente del directorio de la Sociedad Club Hípico, Iván Nikovic, la toma de posesión podría ocurrir los primeros días de marzo. Explica que el Servicio de Vivienda y Urbanización enviará a una receptora judicial, la cual verificará que el bien está a disposición.

Desde hace más de un mes que los locales que se encontraban en el recinto cerraron y sacaron todos los implementos, los últimos movimientos fueron el retiro de refrigeradores y congeladoras perteneciente a uno de los negocios. Nikovic confirma que todos están en posesión de la sociedad.

Dentro de los pendientes aún queda una propiedad en donde viven personas y las caballerizas, en donde sus dueños se han resistido a marcharse.

Al ser consultado sobre si la presencia de los caballares puede dificultar el proceso, señala que el Serviu esáa facultado para utilizar la fuerza pública en caso de que exista oposición. “Todo arrendamiento se termina con la expropiación”, añadió.

Desde la vereda de los dueños de los caballos, Nolberto Bernal afirmó que no  existe ninguna notificación formal que ordene el desalojo ni que establezca plazos claros para el retiro de los animales, pese a que ese día había sido señalado informalmente como el término del periodo de permanencia en el recinto.

Ayer los dueños de los caballares continuaron realizando las labores habituales de alimentación y cuidado, a la espera de que alguna autoridad o representante de la sociedad administradora se acercara con instrucciones oficiales. “Ha habido reuniones y conversaciones, pero eso no sirve si no está respaldado en un documento que nos permita programar el retiro”, señaló.

“Todos pagábamos arriendo”

El propietario cuestionó además la forma en que se ha desarrollado el proceso de expropiación, asegurando que si bien se ha debatido extensamente su legalidad, no se consideraron soluciones para quienes ocupaban legítimamente el recinto. “Todos pagábamos arriendo, no estábamos acá gratis. Este proceso lleva más de un año y nunca se pensó qué iba a pasar con nosotros”, afirmó. A su juicio, el Estado pudo haber anticipado el problema, ya sea habilitando caballerizas municipales o facilitando terrenos donde los propios dueños pudieran construir infraestructura.

Bernal también criticó las declaraciones de autoridades regionales que han señalado que el diálogo se dará únicamente con los dueños del Club Hípico y no con los ocupantes. Según indicó, ese enfoque “genera clases sociales” y desconoce la condición de los propietarios de animales como parte interesada en el conflicto. “Tengo caballos acá, pago por ellos, y hoy pareciera que no tengo voz”, reclamó, cuestionando además la falta de estudios técnicos y de una mirada desde el ámbito medioambiental y patrimonial.

En los propietarios existía el miedo de que desde la Sociedad Club Hípico cerraran el candado y no los dejarán pasar más. Esto fue descartado por Iván Nikovic, quien aseguró que permitirán a los dueños de seguir entrando al recinto, para que alimenten a sus animales.

Mientras tanto, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, afirmó que el foco del gobierno está en concretar la expropiación con un acuerdo que cuente con “respaldo legal”, subrayando que la búsqueda de una solución para el traslado de los caballos no es una responsabilidad directa de la autoridad. Explicó que el rol del Ejecutivo se circunscribe a tomar posesión del inmueble expropiado y a relacionarse formalmente con los propietarios del terreno, mientras que las gestiones vinculadas a los caballares deben ser abordadas por la agrupación correspondiente.

No obstante, reconoció que habría sido deseable contar con antecedentes previos para anticipar el escenario, señalando que el vínculo institucional se da con los dueños del predio, quienes a su vez mantienen relación con los ocupantes del recinto.