A 70 años de la publicación de la Ley N°12.008 que restauró el Puerto Libre en Magallanes

En varias reseñas anteriores hemos mencionado a esta franquicia legal recordada con frecuencia por antiguos habitantes de la región. El 23 de febrero de 1956, periódicos y radioemisoras de aquel entonces, daban a conocer su beneplácito por la publicación en el Diario Oficial de esta disposición legal que permitía la recuperación del puerto libre, antiguo clamor de los magallánicos, que remitía a su vez, a la época casi nostálgica de las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX, cuando se asentaron la mayoría de los inmigrantes europeos en el territorio austral y los buques de todo el mundo navegaban por el estrecho de Magallanes. Eran tiempos en que se internaban todo tipo de manufacturas y mercaderías sin impuesto aduanero y no existía la competencia del canal de Panamá.

Desde abril de 1912 cuando el gobierno de Ramón Barros Luco le puso la lápida al régimen de puerto libre menor que gozaba Magallanes desde 1868, la comunidad en su conjunto aprovechaba cualquier coyuntura social para expresar su descontento y exigir la recuperación de esta franquicia legal.

La Aduana

En el tomo II de su magnífica obra histórica “Magallanes en 1925”, el periodista Manuel Zorrilla se refiere en un capítulo completo a la instalación de la aduana y su incidencia en la vida económica del austro. Junto con hacer una breve síntesis de cómo funcionaba el puerto libre original, recordaba que desde 1899 el proceso de exportación e internación de artículos y productos era un mero trámite que se registraba en una oficina de información estadística atendida por el funcionario Carlos Tagle.

Zorrilla responsabiliza a industriales y fabricantes del norte del país, quienes apoyados por la Sociedad de Fomento Fabril, convencieron al gobierno y parlamentarios de distintos sectores políticos, para establecer un servicio aduanero en Punta Arenas, lo que se materializó el 12 de febrero de 1912, por intermedio de la ley N°2.641.

En sus inicios, la norma jurídica estipulaba que un total de treinta mercaderías quedaban sujetas al pago por derechos de importación, mientras se acordaba la inversión de doscientos mil pesos de entonces, para que la aduana entrara en funcionamiento, lo que ocurrió el 15 de abril de 1912, cuando se ubicaron las oficinas a un costado del viejo muelle de carga, en un edificio de la firma Braun & Stubenrauch y luego, de que el Apostadero Naval de Magallanes habilitara un local para almacenes.

Desde un principio, la aduana pareció ser perjudicial a los intereses regionales, incluso, el administrador del sistema en Punta Arenas, Alfredo Camus Videla, elevó un informe a la superintendencia del ramo en 1918 donde aseguraba, que en lugar de aplicar totalmente el arancel aduanero en la zona, convendría y sería mucho más ventajoso, suprimir todos los impuestos a la importación, gravando en cambio, la exportación a los productos de la industria ganadera.

Hasta 1925 los principales artículos importados que llegaban a Magallanes provenían de Gran Bretaña, Estados Unidos, Argentina, Francia, España, y consistían principalmente, en industrias textiles, químicos, alimentos, manufacturas, elementos de la actividad metalúrgica y agrícola; asimismo, distintos materiales y piezas de transporte; en tanto, las exportaciones se realizaban preferentemente hacia los mercados de Gran Bretaña, Estados Unidos, Argentina, Francia e Italia, países que adquirían carne congelada y en conserva; lanas y todo tipo de cueros: de lanares, vacunos, caballares; de lobo, de zorro y silvestres; además, de carbón, maderas, leña, grasa, tripas, sebo y otros productos derivados de la ganadería.

Procedente de distintos puertos chilenos desembarcaban en Punta Arenas, calzado surtido, mantequilla, quesos, leche conservada, cecinas; harina de trigo, papas, conservas de legumbres y de frutas; frejoles, maíz, aceite, azúcar, frutas frescas y secas, galletas y cigarrillos; carbón de piedra, fósforos y velas;  vinos, cervezas, aguardiente, alcohol potable, licores surtidos; perfumes, elementos farmacéuticos y distintos productos químicos.

A su vez, nuestro Premio Nacional de Historia de 2000, Mateo Martinic, en su importante trabajo “Magallanes 1921-1952, inquietud y crisis”, demuestra que en sucesivos momentos históricos la comunidad local expresó abiertamente su descontento por la implantación del régimen aduanero en el territorio. Cita por ejemplo, el informe leído en el Congreso Nacional por el diputado Agustín Gómez García, quien después de efectuar un viaje por Punta Arenas en 1914, con respecto a este tema decía: “no hay autoridad, no hay chicuelo de colegio, no hay pobre o rico, viejo o joven, que no maldiga a esta aduana”.

El 8 de enero de 1925 la Asociación Comercial e Industrial de Magallanes llamó a una asamblea pública en la Municipalidad de Punta Arenas para solicitar al gobierno la supresión de los derechos aduaneros. En aquella oportunidad, el empresario mercantil Juan Dougnac había proclamado: “La Aduana debe desaparecer de Punta Arenas para que este pueblo siga sin trabas su desarrollo; ya hemos tenido que sufrir las consecuencias de la apertura del Canal de Panamá, las consecuencias de la reciente ley de Cabotaje, inconsultamente aplicada y también la implantación de la Aduana, sin olvidar la no subdivisión de los terrenos para la ganadería”.

No se quedó atrás el conocido vecino Juan Bautista Contardi, quien manifestó: “Punta Arenas, libre del régimen aduanero que tanto ha entrabado su desarrollo, volverá a recuperar su anterior influjo, y si por este medio, llega a tener una población de cien a doscientos mil habitantes, con muchas industrias y mucho comercio, ese triunfo, por el que en estos momentos trabajamos, será un triunfo nacional”.

Según Martinic, presiones generadas desde la Sociedad de Fomento Fabril hicieron fracasar hasta la serie de recomendaciones de la ‘misión Kemmerer’, grupo asesor estadounidense que intentaba organizar y modernizar la economía nacional y que para el caso de Magallanes había presentado al ejecutivo, un proyecto novedoso con miras a declarar nuevamente puerto franco a Punta Arenas.

El vespertino El Magallanes junto con las organizaciones locales, comenzaron una ardua campaña ante autoridades nacionales, sobre la conveniencia de suprimir la aduana, la ley de cabotaje y la revisión de la política agraria. Se realizaron comicios de respaldo popular el 3 de abril de 1927 en Puerto Natales, el 15 de junio en Punta Arenas y el 19 del mismo mes en Porvenir. El gobernador del territorio, coronel Javier Palacios Hurtado comunicó al presidente electo Carlos Ibáñez del Campo que apoyaba ampliamente la justa petición de la gente y reiteraba que la aplicación del total arancel aduanero como proponían los empresarios de Santiago, significaría la ruina y liquidación de Magallanes.

El propio gobernador Palacios, acompañado de los abogados Manuel Chaparro Ruminot, Germán Hertz y del capitán de Ejército Ramón Cañas Montalva, emprendieron viaje al norte del país para entrevistarse con el Presidente Ibáñez quien los recibió en La Moneda el 10 de septiembre de 1927. La comitiva hizo entrega al primer mandatario de un memorial que comprendía algunos planteamientos de carácter tributario, como la liberación a la internación de artículos esenciales y fijación a la exportación de productos en bruto; una política agraria, que implicaba una liquidación gradual del latifundio, la subdivisión de las tierras fiscales recuperadas, la expropiación de diez mil hectáreas en los alrededores de Puerto Natales y la creación de pequeñas colonias agrícolas en distintos puntos de la región; además, se proponía una nueva división política administrativa del territorio regional y la subvención estatal para la navegación regular a Magallanes.

Aunque desistió de revisar la situación de la aduana, el Presidente Ibáñez respondió con un proyecto transformado en Ley N°4.321 publicado el 22 de febrero de 1928 que en lo medular, consideraba una rebaja general del 25% de los derechos aduaneros, liberando de los mismos al vestuario, a los alimentos y mercaderías esenciales, que se agregaba a la medida dictaminada por el ejecutivo de convertir el territorio de Magallanes en provincia, lo que permitiría a los habitantes australes ejercer sus derechos para elegir a través del voto popular, a sus representantes comunales, al Parlamento y para la presidencia de la República.

La precaria estabilidad política que vivió el país luego de la caída de Ibáñez y los efímeros gobiernos de Juan Esteban Montero y de la  llamada república socialista en el transcurso de 1932, retrasaron las conversaciones sobre modificación del régimen aduanero en Punta Arenas. Recién, el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma recogiendo las inquietudes anteriores, sancionó el 20 de abril de 1933 a través del decreto supremo 950 del ministerio de Hacienda, la liberación aduanera para Magallanes.

De acuerdo con el estudio de Mateo Martinic, de nuevo comenzaron las intrigas y las campañas orquestadas por importantes instituciones gremiales del norte del país para socavar la medida del gobierno, las cuales no fueron necesarias por cuanto, la restitución del puerto libre resultó claramente ineficaz, debido a la serie de regulaciones de precios determinadas por el ministro Gustavo Ross, tendientes a normalizar la dramática situación financiera de la nación, luego del convulsionado periodo de anarquía que sobrevivió al país después de la finalización de la dictadura de Ibáñez. En síntesis, la escasez de divisas hizo que los artículos importados aumentaran su valor y la libertad aduanera caducara en los primeros días de la administración del Presidente Juan Antonio Ríos en 1942.

Resurge una vieja iniciativa

La década del cuarenta del siglo pasado fue de grandes contradicciones para Magallanes. La Segunda Guerra Mundial repercutió negativamente en la industria ganadera; sin embargo, al mismo tiempo, el descubrimiento de petróleo en Springhill en Tierra del Fuego, el 29 de diciembre de 1945, alimentó nuevas expectativas de crecimiento económico para la región.

En contraste, mientras despuntaba la industria de los hidrocarburos, aumentaba la carestía de productos esenciales. El alza en los fletes marítimos y el acaparamiento de los comerciantes, entre otros factores, produjo una escasez de cemento, clavos,  alambres, de gasolina y repuestos para automóviles. Hubo también, racionamientos en varios inviernos que afectaron a la población, unido a un estricto control para que los productos más sensibles fueran entregados a los usuarios que trabajaban en el área económica y en prestaciones médicas y sociales.

La consolidación de obras significativas impulsadas por la Corporación de Fomento de la Producción para nuestra región, como fueron la creación de la moderna usina eléctrica de Endesa en Punta Arenas, la fundación de la Enap y el levantamiento del imponente campamento petrolero de Manantiales en Tierra del Fuego, de donde se extraía el combustible que aseguraba el desplazamiento de casi todo el parque automotriz en Chile, trajo nuevos bríos a la economía regional.

De nuevo empezaron a conocerse opiniones importantes de distintos actores políticos, comunales y gremiales, que abogaban por franquicias aduaneras, sobre todo, cuando el Presidente Carlos Ibáñez del Campo asumió su segundo gobierno y se hizo efectivo el decreto N°303 en julio de 1953 que otorgaba a la ciudad de Arica la condición de puerto libre.

Rasmussen y Cvitanic

Las reacciones en Magallanes a esta determinación del Ejecutivo no se hicieron esperar. En este sentido, algunos regidores de la Municipalidad de Punta Arenas jugaron un rol decisivo en la articulación de una propuesta que validara el proyecto de liberar de  aduana ciertos productos esenciales; otros de consumo corriente y algunos de carácter suntuario.

Cecil Rasmussen Bishop pronunció el 28 de junio de 1954 un elocuente discurso ante periodistas, representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Magallanes, dirigentes sindicales de la provincia y organizaciones sociales, en que demostraba cómo anualmente, se endosaban ‘derechos estadísticos’ al comercio de importación, que encarecían el consumo interno.

En esta línea, el exalcalde y futuro diputado, Jorge Cvitanic Simunovic presentaba en una sesión municipal a fines de ese año 54, un detallado informe que revelaba la condición en que se debatía Magallanes y su contraparte en Arica. Con respecto al puerto nortino señalaba:

“Toda persona natural y jurídica puede importar las mercaderías para el uso y consumo de la región, sin limitación de ninguna especie. Para el pago de estas importaciones libres, se destina el producto de las exportaciones a un fondo especial formado especialmente para el comercio de importación. No pueden ser redestinadas las mercaderías importadas con ese Fondo Especial, pero las importaciones con cargo al Presupuesto Nacional de divisas podrán redestinarse al resto del país. Otras franquicias se incorporan a esta patriótica resolución. Se puede importar sin cobertura. Se reglamenta un favorable intercambio comercial con Tacna y, en general, se pone en vigencia un régimen de absoluta libertad en el comercio de importación”.

Con el objeto de fundamentar su exposición sobre la necesidad de que los gobiernos fortalecieran con disposiciones especiales las zonas extremas, Cvitanic recordaba las medidas que el gobierno de Juan Domingo Perón había impulsado en la Patagonia argentina. “El gobierno del vecino país hermano ha eliminado de gabelas arancelarias todos los artículos que se importen para las necesidades y el consumo de una extensa zona que empieza en el paralelo 42. De este modo, el territorio de Santa Cruz, hasta los límites de Madryn inclusive, goza de las franquicias de la liberación aduanera favoreciendo la permanencia de las poblaciones con una prebenda compensatoria sin que por ello se haya perjudicado la industria argentina”.

El entonces regidor puntarenense exponía acerca de las posibilidades de restaurar el puerto libre, en momentos en que se producía el éxodo de obreros y trabajadores de Puerto Natales, luego del cierre del frigorífico del mismo nombre, aludiendo al hecho irrefutable, de que después, esos mismos obreros y trabajadores cesantes cruzaron la frontera para emplearse en el naciente mineral carbonífero de Río Turbio en Argentina. “Un aspecto que conviene tener en cuenta, es el de la constante emigración de elementos útiles y capaces hacia otras regiones y en especial hacia el sur del vecino país hermano donde las expectativas económicas son más halagadoras. De ahí proviene que la proporción del aumento de la población sea insignificante en relación a otras zonas del país cuyo progreso reside en el arraigo y crecimiento de la población no solamente vegetativa, sino empeñosa y progresista”.

Jorge Cvitanic había participado como delegado regional en la conferencia nacional de municipalidades celebrada en Antofagasta donde expuso su plan entregando una copia de su propuesta al Presidente Ibáñez. Estaba convencido de la equivocada percepción que muchos gobernantes y parlamentarios tenían sobre Magallanes y de su postración económica. En su fuero interno conocía a fondo el enorme potencial que aportaba la región en divisas al erario nacional en lana, carne, cueros y petróleo.