Fondema: el precedente que amenaza la autonomía regional

La controversia abierta por el descuento de más de $280 millones al Fondo de Desarrollo de Magallanes (Fondema) no es un simple diferendo contable entre el gobierno regional y la dirección de Presupuestos. Lo que está en juego es algo mucho más profundo: la naturaleza de los ingresos propios de una región extrema y el respeto a un instrumento creado por ley para compensar, precisamente, las desventajas estructurales de vivir y producir en el territorio más austral del país.

El gobernador regional, Jorge Flies, ha sido claro en señalar que su principal preocupación no radica en el monto específico del recorte -que podría financiar pavimentaciones o espacios públicos en capitales provinciales-, sino en el precedente que se abre si el nivel central interviene recursos que, por definición legal, pertenecen a Magallanes. No se trata de una disputa menor. Se trata de defender la frontera entre el presupuesto nacional y los ingresos propios regionales.

El Fondema no es un fondo discrecional. Se constituye a partir de los impuestos aplicados a las empresas petroleras por la extracción de gas y petróleo en la Región de Magallanes. Es decir, nace de la explotación de recursos del subsuelo regional y tiene un destino claro, cual es financiar fomento productivo, adquisición de terrenos e iniciativas estratégicas para el desarrollo local. Este año alcanzaba los $11.690 millones, con asignaciones específicas para programas ejecutados por Corfo, Indap y Sercotec, además de una distribución obligatoria del 50% -en partes iguales- a las provincias de Tierra del Fuego y Última Esperanza. Es, por tanto, un instrumento con identidad territorial y con una arquitectura legal que lo blinda frente a injerencias externas.

El problema se agrava si se considera que este descuento se suma al 3% del presupuesto regional traspasado al ministerio del Interior para un fondo nacional de emergencias. Ya el año pasado la Asociación de Gobernadores Regionales cuestionó esta fórmula, calificándola de ineficiente, especialmente por las demoras en la bajada efectiva de recursos en situaciones críticas. La experiencia regional con el incendio del vertedero de Natales -que tardó semanas en recibir financiamiento- demuestra que centralizar no necesariamente significa responder mejor.

Cuando el gobernador advierte que, si se permite este descuento, mañana podrían tocarse los recursos de la concesión de Zona Franca, la Ley de Casino o las patentes acuícolas, no está exagerando. Está describiendo un riesgo concreto, cual es que los ingresos propios, que representan cerca del 10% del presupuesto regional, pierdan su carácter distintivo y queden sujetos a ajustes discrecionales del nivel central. Si eso ocurre, la descentralización dejará de ser un proceso real para convertirse en un discurso vacío.

Recurrir a la Contraloría no debiera interpretarse como un gesto confrontacional, sino como una acción responsable para clarificar competencias. En un Estado de Derecho, cuando existen dudas sobre la legalidad de un acto administrativo, corresponde acudir al órgano contralor. Más aún cuando lo que se discute es la intangibilidad de un fondo creado por ley para una región específica.

Si los ingresos propios pueden ser descontados sin una base jurídica sólida, se abre una puerta peligrosa no sólo para esta región, sino para cualquier territorio que aspire a administrar con mayor autonomía los recursos que genera.