Dueños de caballos del exClub Hípico no lograron hablar con Boric ni ingresar agua a sus animales durante visita presidencial

Frustrado terminó el intento de los propietarios de caballos que aún permanecen en el expropiado Club Hípico de Punta Arenas de reunirse con el Presidente Gabriel Boric durante su visita al recinto, ayer. Alrededor de once personas esperaron durante horas en el bandejón central de Avenida Bulnes, cargando bidones con agua para sus animales, pero las autoridades les negaron tanto el ingreso al predio como la posibilidad de conversar con el Mandatario.

Claudio Vidal Barría, presidente de la Agrupación Cultural Social Ecuestre de Magallanes, explicó que desde el día anterior la administración del recinto les cortó el suministro de agua para los caballos, obligándolos a abastecerlos por sus propios medios. “Estamos trayendo agua en bidones, tenemos unos bins de mil litros que hemos puesto atrás igual, y cada propietario está trayendo su bin”, detalló el dirigente.

El grupo intentó ingresar incluso con un camión cargado con cinco mil litros de agua, pero tampoco fue autorizado. En el momento de los hechos, parte del grupo quedó retenido dentro del recinto sin poder salir, mientras quienes estaban afuera no podían entrar. Todos fueron sometidos a control de identidad por parte de las autoridades presentes, indicó Vidal.

Vidal fue claro en señalar que la agrupación no disputa la expropiación del predio ni exige compensación económica. “Nosotros no buscamos nada, ni siquiera cuestionamos la expropiación. Lo único que buscamos es que nos den más tiempo”, afirmó. Según explicó, un particular está construyendo pesebreras para recibir a los animales en un terreno ubicado a 15 kilómetros al norte de la ciudad, pero ese proceso requiere entre tres y seis meses para completarse.

Ante las críticas de algunas autoridades, que sugieren que detrás de la protesta existiría una motivación política vinculada a la militancia de uno de los dirigentes en el Partido Republicano, Vidal fue categórico: “Absolutamente no, nada que ver”. También desmintió que haya existido una reunión entre la agrupación y representantes del gobierno en enero, como se habría señalado públicamente. Sostuvo que el conflicto se inició el 2 de febrero, cuando les notificaron que debían abandonar el recinto en un plazo de 48 horas.

El plazo oficial de salida venció el 27 de febrero pasado. Pese a ello, los propietarios permanecen en el lugar a la espera de concretar el traslado de los animales y advirtieron que seguirán ingresando agua por sus propios medios hasta que sea posible moverlos al nuevo sitio.