Autorizan uso de fuerza pública para desalojar el exClub Hípico 

El Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas concedió el auxilio de la fuerza pública para llevar a cabo la diligencia de entrega de las 20 hectáreas del expropiado Club Hípico de Punta Arenas, recinto que aún no ha sido desocupado en su totalidad por los dueños de los caballos que pernoctan en las añosas caballerizas del exrecinto ecuestre.

La solicitud de auxilio de la fuerza pública fue realizada ante el tribunal el pasado 6 de marzo por parte del Serviu, tras la fallida toma de posesión del recinto por parte del receptor judicial, quien en aquella ocasión amenazó a los ocupantes con “sacar los caballos a la calle” si existía resistencia.

En conversación con La Prensa Austral, el director subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Omar González, explicó que con esta concesión el receptor judicial ya puede concurrir al lugar con Carabineros para realizar la ocupación del recinto. González espera que las personas que aún se encuentran en el lugar no opongan resistencia. Asimismo, admitió que el tema aún no lo ha conversado directamente con la delegada presidencial regional, Ericka Farías, aunque personas cercanas a la autoridad han estado realizando algunas consultas.

El último dato que manejaba el Serviu es que 17 caballos aún pernoctaban en el recinto, cifra que contrasta con la información entregada por los dueños de estos ejemplares, quienes sostienen que el número se acerca a 30 animales.

González añadió que el terreno será traspasado en comodato a Carabineros mientras se trabaja en el diseño del parque urbano que se proyecta emplazar en dicho paño de terreno. “Le pedimos que nos formalicen la solicitud y nos especifiquen qué uso le darán al terreno”, añadió.

La decisión fue tomada como un balde de agua fría por la Agrupación Social Cultural Ecuestre Magallanes, entidad que reúne a los dueños de caballos del Club Hípico. Su vocero, Claudio Pérez, señaló que la organización presentó un escrito ante el tribunal advirtiendo sobre los riesgos que un desalojo abrupto podría generar para los animales.

“Nos preocupa el maltrato que se pueda provocar a los equinos, de acuerdo con la Ley de Tenencia Responsable. Incluso presentamos una carta firmada por un veterinario donde se detallan los trastornos que podría causar un desalojo de esta forma”, afirmó.

Pérez calificó la decisión como “abrupta” y lamentó que no hayan logrado sostener una reunión con autoridades regionales para buscar una solución. Según explicó, la agrupación está gestionando el arriendo de un terreno para trasladar a los animales, pero aún necesitan tiempo para construir nuevas pesebreras.

El vocero añadió que actualmente permanecen 30 caballos en el recinto. “Habían salido algunos, pero uno volvió porque estaba lesionado y no podía caminar en el campo. Por eso el número volvió a subir”, explicó.

Desde la agrupación esperan poder reunirse con la nueva delegada presidencial para plantear la situación y buscar una salida dialogada, evitando que el desalojo se concrete mediante el uso de la fuerza pública.