Entre la desidia y la insalubridad: el drama olvidado de la Prolongación Manantiales

Punta Arenas se jacta de ser una ciudad ordenada, la “puerta de entrada a la Antártica”. Sin embargo, en el sector norte, una herida abierta expone la cara más amarga de la ineficiencia y la desidia tanto estatal como privada. La toma de terrenos en la prolongación de la calle Manantiales, denominadas estas como “Las Etnias” y “Lautaro”, ha dejado de ser un problema habitacional para convertirse en una emergencia sanitaria y social que ya supera la década de abandono.

​Lo que comenzó como un asentamiento precario hoy es un foco crítico de contaminación. Sin sistemas de alcantarillado, los pozos negros de la toma han colapsado, filtrando líquidos percolados y aguas servidas que escurren libremente hacia las poblaciones colindantes. El olor es el aviso constante de un peligro invisible: la crisis sanitaria. No es una exageración; es un hecho documentado que ya ha cobrado víctimas en la infraestructura pública del sector.

​Hace unos años, la comunidad lamentó el cierre del centro Comunitario de Salud Familiar (Cecosf) Sandra Vargas por problemas de insalubridad derivados del entorno. Hoy, la historia se repite de forma inaceptable con el cierre de un jardín infantil (Juan Ruiz Mancilla) cercano. ¿En qué momento normalizamos que nuestros niños pierdan su derecho a la educación y el cuidado porque el Estado es incapaz de gestionar un asentamiento ilegal?

​Aquí surge la pregunta que carcome a los vecinos de la población Cardenal Silva Henríquez: ¿Dónde están las autoridades? La sensación de injusticia es palpable. El ciudadano común, aquel que con esfuerzo intenta ampliar una habitación o mejorar su fachada, recibe de inmediato la visita de inspectores municipales dispuestos a cursar multas gravísimas si no cuenta con el permiso de edificación al día. Para el que cumple, todo el peso de la ley; para la toma consolidada por diez años, la más absoluta de las desidias.

​El reciente llamado del gobernador regional exigiendo el desalojo parece ser una reacción tardía ante un problema que ya hizo metástasis. Las tomas de Manantiales no solo representan un riesgo de incendio -como quedó demostrado en el siniestro de diciembre de 2024-, sino que son un foco de degradación de la calidad de vida de miles de magallánicos que sí pagan sus contribuciones y respetan las normas de convivencia.

​No se trata solo de “sacar a la gente”, sino de entender que la grave omisión de las autoridades ha permitido que el problema escale hasta niveles insostenibles e incontrolables. Mientras la burocracia se escuda “cantinfleramente” en la supuesta falta de facultades o en eternos procesos, los líquidos de los pozos negros siguen inundando los patios vecinos. A esto se suma la irresponsabilidad de los dueños de los terrenos, quienes se han restado de intervenir o evitar esta ocupación desde sus inicios, permitiendo que un problema privado se transforme en una carga pública insoportable.

​Punta Arenas no puede permitirse “zonas de sacrificio” dentro de su radio urbano. Es hora de que la municipalidad, los propietarios y el gobierno dejen de mirar hacia el lado. La salud de la población y el futuro de los niños no pueden seguir esperando otra década de promesas vacías. La ley debe ser igual para todos, y el derecho a un medio ambiente libre de contaminación no puede terminar donde comienza la calle Manantiales.