Administración Boric autorizó a la Empresa Portuaria a contratar dos créditos con el Bid por US$57 millones

En las postrimerías del gobierno de Gabriel Boric, el pasado 9 de marzo se publicó en el Diario Oficial un decreto firmado por el Presidente y los entonces ministros de Hacienda, Nicolás Grau, y de Economía, Alvaro García, que autoriza a la Empresa Portuaria Austral (Epa) a contratar dos créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (Bid) por un total de hasta 57,8 millones de dólares, con garantía del Estado. Esos recursos se destinarán a la ampliación del terminal Mardones.

A través del Fondo de Capital Ordinario del Bid se apalancarán 38 millones de dólares, mientras que otros 19 millones se captarán mediante el Fondo Verde para el Clima, administrado por la banca multilateral. Esto se suma a los 14 millones de dólares gestionados con Bid Invest, la corporación de financiamiento privado del grupo Banco Interamericano de Desarrollo, autorizados mediante un decreto anterior. Con ello, el paquete total de financiamiento multilateral supera los 83 millones de dólares, configurando la mayor operación de deuda en la historia de la portuaria magallánica.

El crédito por 38 millones de dólares establece un plazo de amortización de hasta 25 años desde la suscripción del contrato, con una tasa de interés variable determinada periódicamente por el banco -y una comisión de crédito de 0,5%, con tope de 0,75%- , además de un periodo de desembolso de cinco años. El pago de intereses será semestral.

El préstamo del Fondo Verde para el Clima, en tanto, tiene un plazo de 20 años, una tasa fija de 0,75% anual, una comisión de compromiso de 0,5% sobre el saldo no desembolsado y una comisión de servicio de 0,5% anual. El periodo de desembolso es de cuatro años y las amortizaciones se pagarán en cuotas semestrales consecutivas.

En ambos casos, el decreto autoriza la garantía de la República de Chile y faculta al Tesorero General de la República para otorgarla. Los documentos de deuda pública deberán ser refrendados por el contralor general de la República.

En el decreto publicado en el Diario Oficial se señala que el Ministerio de Hacienda analizó los antecedentes financieros de la empresa y concluyó que cuenta con flujos suficientes para servir la deuda sin necesidad de ejecutar la garantía estatal. El servicio de la deuda será financiado con recursos propios de la Epa, consignados en su presupuesto anual.

La autorización tiene validez hasta el 31 de diciembre de 2026. El decreto también faculta al ministro de Hacienda para suscribir cartas de acuerdo con el Bid que incluyan cláusulas de sometimiento a derecho extranjero y renuncia a inmunidad de jurisdicción y ejecución, conforme a las exigencias habituales del organismo multilateral.

Según la Ley de Modernización Portuaria, existe una prohibición para que las empresas portuarias estatales se endeuden por sobre el 50% de su capital sin autorización presidencial.