Vecinos de pasaje Trinidad exigen que Servicio de la Mejor Niñez construya un muro para resguardar sus propiedades de residencia de adolescentes

A seis meses de que comenzara a funcionar una residencia destinada al cuidado de niños, niñas y adolescentes con vulneraciones graves de derechos, los vecinos del pasaje Trinidad, al sur de Punta Arenas, denuncian que han debido soportar episodios reiterados de desórdenes al interior del inmueble emplazado en Avenida Jorge Alessandri y 21 de Mayo, consistentes en gritos, rotura de vidrios y destrozos, los cuales son audibles desde las viviendas colindantes.

En opinión de los residentes del conjunto habitacional dichos episodios generan una perturbación constante en la tranquilidad del sector.

Pese a la reiteración de estos hechos, los vecinos acusan que los servicios estatales a cargo no han adoptado medidas suficientes de seguridad ni control, que permitan evitar que se repitan los incidentes.

Derechamente demandan el cierre perimetral del acceso posterior de la residencia por el pasaje Trinidad, de modo de evitar que los menores transiten por el frontis de sus domicilios.

Dicha solicitud está contenida en un recurso de protección que seis vecinos interpusieron ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en contra de Lorena Guala Vivar, directora regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y Danilo Mimica Mansilla, seremi de Desarrollo Social.

Hacen mención que si bien existe un cierre en la parte posterior del inmueble, colindante al pasaje Trinidad, este corresponde a estructuras precarias o provisorias, que no reúnen las condiciones adecuadas de seguridad.

Aluden que el episodio de violencia más reciente ocurrió el 1 de marzo de 2026, cuando uno de los vecinos sufrió daños en su automóvil, producto de actos atribuibles a residentes del recinto de protección. “Ese mismo día, además, se observó a una niña de corta edad deambulando sola por la calle, siendo después interceptada por tres funcionarios del servicio especializado”.

Cierre de pasaje

Ya, en febrero pasado, los vecinos del mentado pasaje, que corresponde al Loteo Rey Felipe, consiguieron a través de un decreto municipal firmado por el alcalde Claudio Radonich, el cierre de la calle por un plazo de 5 años, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos. Lo anterior significa que queda restringido la circulación de vehículos y peatones.

En su presentación legal, los recurrentes invocan el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, que consagra el derecha a la vida y la integridad física y psíquica de las personas, donde mencionan que “los hechos descritos han generado una situación constante de inseguridad y preocupación para los vecinos del sector, quienes han debido soportar episodios reiterados de desórdenes y situaciones de riesgo derivadas del funcionamiento de la residencia sin medidas adecuadas de control y seguridad”. A la vez, también aluden al artículo 19 N°5 de la misma Carta Magna, que consagra la inviolabilidad del hogar, cuando señalan que “tal situación constituye una perturbación ilegítima del derecho a la inviolabilidad del hogar, por cuanto los recurrentes se han visto expuestos a la irrupción de terceros en sus propiedades, sin su consentimiento, afectando la tranquilidad y seguridad que dicha garantía constitucional busca proteger”. Y, por último, apelan al artículo 19 N°24 que consagra el derecho de propiedad, que “no sólo protege la titularidad del dominio, sino también el uso y goce pacífico de los bienes. En el presente caso, la omisión de los recurridos ha permitido la ocurrencia de hechos que perturban el normal ejercicio de dicho derecho, tales como daños a bienes de los vecinos y el ingreso de residentes a propiedades colindantes, afectando el uso tranquilo de sus domicilios”.

El pasado 11 de marzo, la sala de la Corte de Apelaciones admitió a trámite el recurso, otorgando un plazo de 6 días a los servicios recurridos para evacuar sus respectivos informes. Por ahora, el tribunal no dio lugar a la medida para mejor resolver solicitada, con la finalidad de que personal judicial levante un acta en el lugar, sobre la situación actual del referido inmueble.

La propiedad en cuestión pertenecía al juez tributario Sergio Vera Aparicio, quien la ofreció en venta al Gobierno Regional, la que fue adquirida en casi 800 millones de pesos.