“Esperemos que este recorte presupuestario no se traduzca en despidos encubiertos, sobrecarga laboral ni precarización del empleo público”

• Organismo gremial advierte falta de claridad en la implementación del ajuste fiscal y posibles efectos en servicios y condiciones laborales.

La instrucción del Ministerio de Hacienda de aplicar una reducción transversal del 3% del gasto público en todas las carteras instaló un escenario de preocupación en los servicios públicos del país, particularmente en regiones extremas como Magallanes. El oficio, firmado por el ministro Jorge Quiroz y dirigido a todos los ministerios, marca el inicio del primer ajuste fiscal de la actual administración, en respuesta al estrecho escenario financiero de las cuentas fiscales.

En este contexto, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) en Magallanes exteriorizó su inquietud frente a los alcances de la medida, advirtiendo que la falta de precisión sobre su implementación podría traducirse en impactos directos tanto en los trabajadores como en la ciudadanía. Evelyn Córdova Marín, presidenta regional de la organización, sostuvo que “como Anef Magallanes estamos preocupados frente al recorte presupuestario y los cambios anunciados por el gobierno, ya que estas medidas no sólo generan incertidumbre en las y los funcionarios públicos, sino que también amenazan directamente la calidad y continuidad de los servicios que se entregan a la ciudadanía”.

La dirigenta planteó que el escenario resulta especialmente complejo en una región donde la presencia del Estado es determinante para garantizar el acceso a prestaciones básicas. En ese sentido, advirtió que “en una región extrema como la nuestra, donde el Estado cumple un rol fundamental, cualquier ajuste mal diseñado puede tener impactos graves en áreas sensibles como lo es la salud, educación, atención social y fiscalización”, subrayando la relevancia de considerar las particularidades territoriales al momento de aplicar este tipo de medidas.

Córdova también hizo énfasis en los efectos que el ajuste podría tener en las condiciones laborales, señalando que “entendemos la necesidad y la responsabilidad fiscal, pero no queremos que el ajuste lo paguen los trabajadores públicos”, en alusión a posibles escenarios de sobrecarga laboral, disminución de personal o redistribución de funciones al interior de los servicios.

Junto con ello, la dirigenta cuestionó la forma en que se ha llevado adelante el proceso, apuntando a la ausencia de instancias formales de participación de las organizaciones de trabajadores. En esa línea, subrayó que “nos preocupa que estas decisiones se adopten sin el debido diálogo con las organizaciones de trabajadores. Por eso, esperamos de esta administración mayor claridad, participación efectiva y garantías concretas de que estos recortes no se traducirán en despidos encubiertos, sobrecarga laboral ni precarización del empleo público, ni tampoco en un deterioro de los derechos de las personas que dependen del Estado”.

En la región, Anef Magallanes aglutina a 4 mil trabajadores del sector público.