Ministro Poduje anuncia desalojo de campamentos tras crisis sanitaria en villa Cardenal Silva Henríquez

“Es inaceptable e insostenible”. Así calificó, en una breve llamada con La Prensa Austral, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, la crisis sanitaria provocada por la acumulación de aguas servidas en la villa Cardenal Raúl Silva Henríquez, producto del vertimiento de desechos domiciliarios desde un campamento emplazado en el sector. Poduje aseguró que ya no están para análisis ni para endosar responsabilidades a otros, sino para “resolver y solucionar”.

La autoridad ministerial confirmó una visita a la Región de Magallanes durante la tercera semana de abril, en la que espera participar del desalojo de este asentamiento irregular.

“Esto no será traumático; sabemos que hay niños en ese sector”, precisó Poduje, quien ya instruyó al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) a realizar un levantamiento de los casos, ayudar a conformar en el sector un comité de vivienda y encauzar la demanda por el sueño de la casa propia mediante una vía formal y legal.

Esta decisión afectaría a las familias repartidas en las tomas “Puño en Alto”, “Lautaro” y “Villa Las Etnias”, emplazadas en el cuadrante comprendido entre las calles Enrique Abello, Juan Ruiz Mancilla, Hornillas y Avenida Circunvalación.

Poduje agregó que, debido a una ocupación irregular, no pueden verse afectados los vecinos del sector, quienes en 2024 ya sufrieron el cierre del Centro Comunitario de Salud Familiar Sandra Vargas y, recientemente, el traslado del jardín infantil por la presencia de aguas servidas. “No podemos poner en riesgo a niños pequeños”, insistió Poduje en conversación con La Prensa Austral.

Estas tratativas se están realizando en conjunto con la delegada presidencial regional, Ericka Farías, con quien ha sostenido varias llamadas y reuniones telemáticas de trabajo. “Esto es prioritario para mí”, afirmó el titular de Vivienda. Poduje destacó que en estas gestiones fueron claves los senadores Alejandro Kusanovic y Karim Bianchi, quienes, por separado, se contactaron con él para transmitirle la gravedad del asunto.

A nivel regional, la delegada Farías ya se habría reunido con el director subrogante del Serviu. Entre las primeras acciones que se están tomando figura el estudio del régimen de propiedad del terreno y la posibilidad de llegar a un acuerdo con los dueños.

Subsidios de arriendo

Entre las alternativas que se analizan figura la posibilidad de aplicar subsidios de arriendo como medida transitoria para las familias que actualmente habitan el lugar, una iniciativa que ya habría sido planteada durante la administración anterior. Sin embargo, el monto preliminar considerado podría resultar insuficiente, por lo que se está revisando si existen recursos disponibles en la actual Ley de Presupuestos, según confirmaron fuentes cercanas al oficialismo.

Paralelamente, también se evalúan las condiciones del terreno donde se emplaza el asentamiento. Especialistas habrían advertido la necesidad de intervenir y descontaminar el área antes de cualquier eventual desarrollo habitacional definitivo.

Las tres tomas ubicadas en el sector fueron incorporadas el 29 de febrero de 2024 al Catastro Nacional de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que les otorgó el estatus legal de asentamiento precario.

La declaración como asentamiento precario desencadena una serie de consecuencias legales y programáticas: protección temporal contra desalojos por flagrancia mientras el asentamiento esté en intervención del Serviu; acceso al programa Construyendo Barrios, que permite una urbanización progresiva -agua, alcantarillado, electricidad y pavimentación- ; y el inicio del proceso de saneamiento de títulos para que los ocupantes puedan obtener dominio legal sobre sus lotes.

Para desalojar el terreno, el Estado debe ofrecer alternativas de relocalización o soluciones habitacionales a las familias que habitan el sector.

Según el mapa del Servicio de Impuestos Internos (SII), donde se pueden consultar los avalúos fiscales y roles prediales, el asentamiento se extiende sobre cinco predios distintos, de los cuales tres pertenecen al Estado.

En términos prácticos, de los más de 46 mil metros cuadrados que abarca la toma, cerca de 24 mil metros cuadrados corresponden a terrenos de propiedad estatal.

El origen del asentamiento se remonta a abril de 2016. En ese momento, un grupo de aproximadamente diez familias, organizadas a través de redes sociales, decidió ocupar un terreno baldío ubicado en la prolongación de calle Enrique Abello. Con el paso de los días, el asentamiento creció hasta alcanzar cerca de 90 familias.