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Chile y un cable submarino a la Antártica: el estudio que el gobierno de Kast heredó

Domingo 22 de Marzo del 2026

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  • – El primer informe de factibilidad para tender fibra óptica desde Punta Arenas al continente blanco fue entregado seis días antes del cambio de mando. Hasta ahora, no ha tenido cobertura mediática. El nuevo gobierno lo hereda en el momento más delicado: Washington acaba de sancionar a funcionarios chilenos por autorizar “evaluar” otro cable submarino.

Lucas Ulloa Intveen

[email protected]

El 5 de marzo de 2026 -seis días antes de que José Antonio Kast asumiera la presidencia- el Estado de Chile recibió un documento que ningún medio del país había reportado hasta ahora. Se trata del Resumen Ejecutivo del Informe N°1 del Estudio de Factibilidad del Proyecto Cable Antártico, elaborado por las consultoras especializadas Salience Consulting y Pioneer Consulting Holdings, financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina (Caf) y encargado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones del gobierno de Gabriel Boric. El informe completo supera las mil páginas. Su objeto: evaluar si Chile puede y debe construir un cable submarino de fibra óptica que conecte Punta Arenas -o Puerto Williams- con las 55 bases de investigación científica que operan en la Antártica.

La respuesta preliminar del estudio es afirmativa. Y sus implicancias van mucho más allá de la conectividad.

Cuando este diario consultó esta semana al canciller Francisco Pérez Mackenna -quien eligió Magallanes como primer destino de su gestión precisamente por la dimensión antártica de la región- sobre el estado del proyecto, la respuesta fue que tendrán que evaluarlo.

Días más tarde, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores enviaron una respuesta más completa: “La dimensión geopolítica de la gobernanza de un cable de fibra óptica que conecte Chile con la Antártica tiene un componente central debido al marco jurídico especial derivado del Sistema del Tratado Antártico. De todas maneras, Cancillería se encuentra constantemente analizando los diversos escenarios en los que nuestro país podría concretar su participación en este eventual proyecto”.

Además, agregaron que el estudio “aún no está concluido y habrá que analizar sus conclusiones una vez sean recibidas”.

Puerta digital a la Antártica

El proyecto propone una infraestructura que operaría desde 2034 hasta 2058 -un horizonte de 25 años- y que en su configuración mínima cubriría 1.850 kilómetros submarinos para conectar las bases permanentes chilenas en Isla Rey Jorge y la Península Antártica. Cuatro configuraciones expansivas ampliarían esa cobertura hasta bases de otros 15 países, incluyendo EE.UU., China, Rusia, Alemania y Corea del Sur.

El cable no sería sólo un tendido de internet. El informe analiza la incorporación de tecnología Smart -Science Monitoring and Reliable Telecommunications- , que permitiría al cable funcionar simultáneamente como red de sensores científicos: detección de actividad sísmica, temperatura oceánica y perturbaciones en tiempo real a lo largo de toda su extensión en el fondo del mar más austral del planeta. Japón ha invertido más de mil millones de dólares en 15 años para construir redes similares en el Pacífico Norte.

La urgencia técnica del proyecto es concreta. Las 55 bases antárticas operan hoy con conectividad satelital que no supera los 200 megabits por segundo y latencias que en algunos casos superan los 600 milisegundos -en comparación con los más de 1.000 megabits y latencias inferiores a 50 milisegundos disponibles en cualquier instalación científica similar en el continente- .

La brecha limita directamente qué ciencia puede hacerse: modelamiento climático en tiempo real, descarga de datos satelitales de alta resolución, instrumentación remota, colaboración internacional simultánea. El estudio proyecta que la demanda de conectividad en la Antártica crecerá a una tasa anual del 16% hasta 2058, y concluye que los satélites -incluidos los sistemas de órbita baja como Starlink- no podrán satisfacerla de forma sostenida. Un cable dedicado es, según el informe, “probablemente esencial para afianzar una conectividad preparada para el futuro de la investigación antártica”.

Por qué Magallanes

El documento identifica explícitamente a Punta Arenas y Puerto Williams como una de las dos “ciudades puerta de entrada” reconocidas a la Antártica a este lado del continente -junto con Ushuaia- . El dato que respalda esa posición es concreto: 15 de los 28 programas antárticos nacionales del mundo ya ingresan al continente blanco a través de Chile.

La infraestructura de respaldo existe y está subutilizada. La Fibra Optica Austral (Foa), concesionada en 2017 por Subtel y operada por CTR bajo una concesión de 30 años, cubre más de 2.800 kilómetros con 26 repetidores submarinos y llega hasta Puerto Williams. El informe la describe como una red “escalable, regulada y subutilizada, plenamente capaz de satisfacer tanto la demanda local como los requerimientos de tráfico antártico proyectados”. La columna vertebral ya está construida. Lo que falta es el tramo final hacia el continente blanco.

Si el proyecto se ejecuta, Punta Arenas se convierte en el punto de amarre y gestión de la única red de fibra óptica del mundo que llega a la Antártica. Eso no es sólo infraestructura: es posición geopolítica. Quien administra la conectividad de las bases científicas de 15 países en el continente más disputado del siglo XXI tiene un instrumento de influencia que no existía antes.

El modelo propuesto: Chile al mando de una empresa conjunta internacional

El estudio recomienda constituir una Joint Venture o Vehículo de Propósito Especial con Chile como accionista fundador, junto a gobiernos socios, bancos multilaterales de desarrollo y eventualmente un operador privado. El financiamiento sería mixto: fondos soberanos chilenos, préstamos de organismos multilaterales como la propia CAF, el BID o el IFC, y los programas científicos nacionales de otros países comprando capacidad mediante contratos de largo plazo.

Los países con mayor demanda de ancho de banda -llamados en el documento “clientes ancla”- serían los accionistas principales. Eso incluiría potencialmente a EE.UU., Alemania, Reino Unido, China y otros con bases permanentes en la zona. Todos conectándose a la Antártica a través de infraestructura chilena, bajo gobernanza chilena, desde Punta Arenas.

El informe es explícito sobre la dimensión política de ese diseño: la estructura debe “demostrar neutralidad e imparcialidad institucional” y garantizar “acceso abierto y no exclusivo para todas las partes del Tratado”. Pero también reconoce sin ambigüedad que el cable otorga a sus usuarios “ventajas geopolíticas para las actividades que realizan en la Antártica y una plataforma para futuras expansiones de influencia”. Chile, en esa ecuación, no sería un usuario más: sería el dueño de la plataforma.

Cable chino, visas
revocadas y respuestas inconclusas

El proyecto existe en un contexto político que lo hace delicado desde el primer día del nuevo gobierno.

En el segundo semestre de 2025, el gobierno de Gabriel Boric autorizó el tendido del cable HMN-TS -desarrollado con tecnología de Huawei Marine Networks- que conectaría Valparaíso con Hong Kong. En febrero de 2026, semanas antes del cambio de mando, el gobierno de Donald Trump respondió revocando las visas de tres funcionarios chilenos vinculados a esa autorización, acusándolos de “socavar la seguridad regional”. Fue una señal directa y sin precedentes de Washington sobre su disposición a presionar las decisiones de conectividad submarina de Chile.

El cable antártico es un proyecto sustancialmente distinto: su modelo de gobernanza es multilateral, no está asociado a tecnología china y fue diseñado con neutralidad geopolítica explícita como requisito. Pero es exactamente el mismo tipo de decisión soberana -tender un cable submarino con implicancias estratégicas en el extremo sur del mundo- que generó las sanciones. Y el gobierno que debe decidir si lo continúa es el mismo que busca reparar la relación con Washington deteriorada por ese episodio.

El Plan Estratégico Antártico 2026-2030, aprobado formalmente bajo el gobierno de Gabriel Boric y heredado por la administración Kast, comprometió 18 tareas específicas para avanzar en el cable este mismo año. Los informes 2 y 3 del estudio de factibilidad -que profundizan en la ruta técnica definitiva, el análisis ambiental y los modelos financieros- deberían estar desarrollándose en este momento bajo el contrato vigente con las consultoras.

El Informe N°1 está entregado. Los informes 2 y 3 tienen plazos comprometidos para este año.

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