En el documento se ordena el desistimiento —es decir, la detención— del procedimiento, que ya se encontraba en etapa judicial bajo el Rol V-88-2025. Por ello, se instruyó realizar las gestiones necesarias ante el tribunal para frenar su avance.
Si bien el inmueble había sido expropiado en términos administrativos, aún no se concretaba el pago de la indemnización. En ese contexto, se solicitará que los fondos consignados permanezcan retenidos mientras se evalúa la continuidad o eventual reactivación del proceso.
La decisión se enmarca en las medidas de contención del gasto público impulsadas por el Ejecutivo, en un escenario de estrechez fiscal que ha obligado a revisar proyectos en curso.
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