Club Hípico de Punta Arenas exige $48 mil millones por su recinto, cifra que duplica el monto en que fue expropiado

Dentro del plazo legal, el Club Hípico de Punta Arenas S.A. presentó una reclamación judicial ante el Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, exigiendo que la indemnización definitiva por la expropiación de su recinto ascienda a al menos $48 mil 939 millones, cifra que duplica los $21 mil millones fijados por el Servicio de Vivienda y Urbanización de Magallanes en la tasación.

La diferencia en disputa supera los $27 mil 900 millones. La sociedad sostiene que el valor del suelo expropiado debería ser de al menos $203 mil por metro cuadrado -en lugar de los $94.190/m² establecidos por la comisión de tasadores- , manteniendo los valores de edificaciones y obras complementarias ya reconocidos.

En octubre de 2025, el Gobierno Regional aprobó la transferencia de $10 mil millones para ejecutar esta expropiación, monto al que se sumaron $11 mil millones entregados por el Ministerio de Vivienda.

Denuncian irregularidades

Los accionistas del Club Hípico están siendo asesorados por el abogado Felipe Molina Saavedra, quien en el escrito detalla una serie de deficiencias metodológicas en el informe pericial. Identificaron que, de los 15 valores comparables utilizados, 13 corresponden a ofertas de mercado y sólo uno a una compraventa efectiva, lo que -según la parte reclamante- no refleja valores reales de transacción.

Advierten que la comisión castigó el terreno con un factor de 0,2 propio de “áreas verdes”, pese a que el predio está zonificado como Zona de Equipamiento Deportivo (ZE-D) según el Plan Regulador Comunal, y cuenta con casi 3.000 m² de edificaciones.

Señalan que el informe no realizó la comparación técnica exigida por la normativa chilena de tasación de bienes, omitiendo variables como superficie predial, normativa, destino, morfología y entorno inmediato.

Un 80% de las acciones del Club Hípico es controlado por la Sociedad Inmobiliaria Otway, constituida por diversas empresas magallánicas, entre las que destacan Empresas Nandwani, Sánchez y Sánchez, Corcoran, Sociedad Comercial Jacob–Abugosch y Comercial e Inversiones Crosur, entre otras.

El 20% restante se distribuye entre decenas de accionistas minoritarios. Entre quienes tienen mayor participación figuran Empresas Cabo de Hornos (1,81%), la familia del fallecido Juan Carlos Cavada Covacevich (0,31%), Raferza SpA (0,71%), los familiares de la también fallecida Eugenia Beatriz Fernández Solo de Zaldívar (0,28%), Asogama (0,47%) y René Nicolás Milecevic Marusic (0,35%).

Consejeros regionales de derecha como Max Salas y Rodolfo Arecheta escalaron el tema de las tasaciones hasta Contraloría, denunciando presuntas irregularidades en el proceso.

A finales de 2025, el director subrogante del Serviu, Omar González, en entrevista con El Magallanes, rechazó tajantemente las acusaciones, calificándolas de “sin fundamento técnico, erróneas e irrespetuosas”.

Esta arremetida judicial del Club Hípico se da en medio de las diligencias del Serviu para desalojar el recinto y tomar posesión efectiva del terreno, donde se proyecta la construcción de un parque en el corto plazo. El recinto aún no puede ser desocupado debido a la presencia de una veintena de caballares. La delegada presidencial regional, Ericka Farías, ha evitado pronunciarse sobre la eventual aplicación del auxilio de la fuerza pública y advirtió que se deben otorgar plazos razonables a los ocupantes.