Fiscalizan “toma” Las Etnias por desvío de aguas: vecinos aseguran que obra buscaba prevenir inundaciones

“Queríamos evitar que el agua llegara a la villa Silva Henríquez”, explicó la dirigenta de la “toma” Las Etnias, Mónica Rivera, al detallar por qué sus vecinos, el domingo recién pasado, tomaron pala y picota para construir una zanja y desviar el curso del agua.

Esta situación provocó que este lunes llegara hasta el sector personal de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, que realizó una fiscalización por un eventual desvío ilegal. Al procedimiento también concurrieron profesionales de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Punta Arenas, acompañados de personal de seguridad municipal.

Durante la inspección, los equipos municipales recorrieron el sector junto a los vecinos y constataron la existencia de zanjas y tubos que canalizan el agua proveniente de un curso natural ubicado en zonas más altas. En ese contexto, se tomaron muestras para determinar si existe presencia de aguas servidas. Según Rivera, los propios fiscalizadores descartaron malos olores o indicios de contaminación. “Vieron que era agua clara. Nos dijeron que no nos preocupáramos, que vinieron porque hubo una denuncia”, señaló.

La dirigenta sostuvo que el objetivo de la zanja fue facilitar el trabajo de camiones aljibes que retiran el exceso de agua y evitar que esta continúe desplazándose hacia sectores vecinos. Asimismo, insistió en que las viviendas cuentan con fosas sépticas operativas y que no existe descarga de aguas residuales en el lugar.

Rivera también cuestionó el origen de la denuncia que derivó en la fiscalización, indicando que habría surgido tras registros realizados por vecinos del sector colindante. A su juicio, la situación ha generado una estigmatización hacia la “toma”. “De todo lo que han dicho, droga o hechos graves, acá no pasa nada”, afirmó.

Finalmente, la dirigenta manifestó su preocupación por la falta de diálogo con autoridades y la incertidumbre habitacional que enfrentan las familias, muchas de las cuales -asegura- llevan más de una década en el lugar. “Nadie se ha acercado a decirnos qué se va a hacer o cómo vamos a trabajar en una solución”, concluyó.